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Venezuela, en la encrucijada

El deterioro social y económico multiplica las exigencias de un cambio de rumbo

Juan Jesús Aznárez

Luis Herrera Campins, presidente venezolano entre 1979 y 1984, resumió la voracidad de muchos nacionales con esta reflexión: "Éste es el país de las empresas quebradas y los empresarios prósperos" .Al año y medio, de la investidura del democristiano Rafael Caldera, cuya honestidad y compromiso con el rearme moral y cultural de la nación son de agradecer en un continente donde se robó a destajo y por décadas, se suceden las críticas contra su administración.Organizaciones empresariales le imputan ausencia de objetivos claros en el programa económico y la mayoría de los venezolanos reclama que a su decencia sume resultados concretos. Caldera, de 79 años, en una entrevista con este diario en Miraflores -la residencia oficial del presidente venezolano-, subrayó que los problemas heredados son de gran envergadura y que aún es corto el tiempo transcurrido desde la asunción. presidencial.

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"Caldera no se atreve porque teme la explosión social", adivina el ex presidente Carlos Andrés Pérez, que cumple prisión domiciliaria en su casona de las afueras de Caracas con cargos de desviación de fondos públicos. Posiblemente sea asi porque, además del escaso entusiasmo del jefe del Ejecutivo por el liberalismo económico, en el recuerdo de todos están los cruentos disturbios registrados en la capital venezolana en 1989, con más de 400 muertos, año en que Pérez ejecutó a la brava algunas de las medidas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sectores empresariales, financieros, inversionistas: y parte de la población consideran, sin embargo, impostergable un cambio en la orientación paternalista del Estado y en los rígidos esquemas de funcionamiento del país, resultados del maná petrolero y los generalizados subsidios y dádivas disfrutados tiempos atrás. Por ello, piden al actual jefe del Ejecutivo, cuya primera presidencia se cumplió en el quinquenio 1969-1914, que se atreva con una subida de la, gasolina y asuma el inevitable coste político de ésta y otras medidas duras o de choque.

Los empresarios también recomiendan acelerar las privatizaciones, reformas estructurales en las empresas del Estado ruinosas y la supresión del control de cambio dispuesto el pasado año para evitar la fuga de divisas a raíz de una crisis bancaria que hizo tambalearse el sistema. Con órdenes de busca y captura, y miles de millones de fondos públicos en el bolsillo, un número de importante banqueros huyó a Miami.

"Estamos llevando adelante un proceso dé apertura gradual de nuestra economía y saneando el sistema bancario, sentando las bases del futuro", precisa el ministro de Hacienda, Luis Raúl Matos Azócar, quien subraya la prometedora apertura petrolera a concesiones extranjeras aprobada y alude al déficit fiscal y estrechos márgenes de actuación heredados cuando llegó al cargo: 941.000 millones de bolívares (más de 660.000 millones de pesetas).

Matos sostiene que no hay suficientes bolívares para atender todas las reclamaciones salariales, exigidas con huelgas y manifestaciones. ."El dinero ya no. tiene vida", protesta un manifestante, ajeno a las razones macroeconómicas del ministro. Lidiar con el actual desbarajuste no parece fácil y menos en un país cuyos habitantes se creyeron los más ricos del mundo cuando el barril de crudo se cotizaba caro y encajan mal su empobrecimiento. En la década que siguió a 1973, el país ingresó por la venta de su petróleo 240.000 millones de dólares: cinco veces el Plan Marshall dispuesto por Estados Unidos para reconstruir Europa después de la II Guerra Mundial. En las sentadas de la plaza Bolívar se decía: "Había dinero para robar, dejad que los demás. también robaran".

Posibilidades y recursos hay, aunque el pasado año se haya registrado un crecimiento negativo y las expectativas no sean halagüeñas. Venezuela, con 21 millones de habitantes, ingresa anualmente más de 12.000 millones de dólares (cerca de billón y medio de pesetas). Mucho dinero. Un alto funcionario del Gobierno, pidiendo paciencía v confianza admitía en privado que muchas veces se trabaja y decide "casuísticanlente", sobre la marcha, a la vista de que "ya no hay un modelo claro después de lo que ocurrió con México y los problemas observados en Argentina. Hay que tener cuidado". En la oposición, Gustavo Tarre Briceño, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, ataca: «Hay ministros que morirían de hambre si cobraran por su rendimiento".

José Antonio Misle, de 26 años, camarero siri cualificar, también apremia los logros: fundamentalmente, una mejor calidad de vida y éxitos contra una delincuencia rampante. José Antonio forma parte del perraje, como en ámbitos pudientes se denomina a la clase media-baja o indigente. Él exige mano dura o la disolución del Congreso, y asegura que no le inportaría un golpe militar; tampoco una maniobra autoritaria semejante a la del peruano Alberto Fujimori en su primer mandato. "Caldera es bueno, pero a veces le falta carácter y se deja dominar por los que le rodean". Pesimista, advierte que aquí va a pasar algo. A mí no me importa que suban la gasolina o hagan otras cosas, pero quiero que sirva para algo, que no se lleven el dinero los corruptos. En Venezuela hay mucha gente que pasa hambre".

Caldera niega cualquier veleidad autoritaria, recordando que si a los 79 años regresé a la política fue para "protegerá la democracia, que peligraba bajo el peso de la. corrupción". El Ejecutivo defiende que los niveles de corrupción son menores, y uno de sus portavoces dice que faltan a la verdad quienes denuncian "clientellismo partidista" en la institución creada para combatirla.

El conocido comentarista José Vicente Rangel se muestra severo: "La corrupción ha continuado en nombre de la honestidad, y es más peligrosa porque tiene un poder disolvente tremendo". Los elevados índices de violencia urbana, las carestías y los magros salarios reales son fardos antiguos que lastran el futuro de este país y aumentan el descontento.

La mayoría de las fuentes consultadas en Caracas coinciden en que se acorta el plazo del Gobierno, y el crédito otorgado por los venezolanos, para encontrar soluciones al deterioro social y económico. "A corto plazo, apenas hay razones para ser optimistas", advierten.

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