Chantajes, SA

EXISTE ABUNDANTE literatura sobre los peligros de la tecnología en manos de perillanes y gentes de escasos escrúpulos. En España tenemos un caso real que hace tiempo superó la categoría de anécdota bufa. Un personaje, José María Ruiz-Mateos, que nunca, ni antes ni después de la expropiación de Rumasa, tuvo demasiado miramiento con la ley, utiliza ahora los avances de la informática para establecer toda una industria del chantaje y la extorsión.No es eufemismo lo de la industria. La osadía y paranoia del ex financiero jerezano, que ha hecho de la astracanada conducta habitual, le han llevado a crear una agencia, se supone que legalmente registrada -un llamado Centro de Investigación de Escándalos-, cuyo hipotético objeto social es denunciar corrupciones. La cosecha obtenida hasta ahora y dístribuída profusamente incluye historias de alcoba, grabaciones telefónicas cuyo origen se supone ilegal y amenazas de diversa naturaleza. Nada de esto ha merecido, que se sepa, la atención de fiscales o jueces.

Que se pueda crear, al parecer sin obstáculos, una sociedad para delinquir -un delito contemplado en el artículo 173 del Código Penal-, sin una reacción contundente de los poderes públicos, es más que preocupante. Por lo que ello supone de indefensión para cuantos se convierten en objetivo de esta sociedad mafiosa y por la dejación de responsabilidades que se hace frente a actuaciones delictivas perseguibles ante los tribunales.

Algunas de la víctimas de esta industria del chantaje -banqueros a los que se ha pretendido sacar dinero, e incluso el presidente del Gobierno, al que se ha amenazado con revelar fantasmagóricos secretos sobre su vida privada- han acudido en amparo a la Fiscalía General del Estado. Pero no basta con que esta institución actúe a instancia de parte frente a comportamientos claramente delictivos. Es deber suyo actuar de oficio e impedir que bajo supuestas banderas de regeneración de la vida pública se amparen actividades de simple chantaje. Este chusco personaje, que maneja recursos de lo que fue la Rumasa internacional, no debe seguir poniéndose las instituciones por montera, incluida la justicia de este país. Por mucho que su cohorte de aduladores y pillos le ría las patochadas y le acompañe en su inacabable escalada de la provocación.

Hacer el payaso es una cosa. Cometer delitos, otra. Va siendo hora de que la fiscalía se lo explique con contundencia a quien por otra parte aparece personado en algunos de los más notorios procesos de este país como acusador público. La justificación que da para sus desmanes -sus supuestos intentos de que se celebre un juicio sobre Rumasa- suena a broma en un hombre que no ha hecho otra cosa en los últimos 12 años que huir de la justicia y poner toda clase de obstáculos procesales a su pronunciamiento sobre sus presuntas responsabilidades en la situación desastrosa y fraudulenta de Rumasa que llevó a la expropiación el 23 de febrero de 1983.