El globo de Crillon

A MARIO Conde y a sus corifeos se les acaba de pinchar uno de los globos de colores -el caso Crillon el que pretendían distraer a la opinión pública y sobre todo a la justicia, del proceso que tiene abierto por estafa y apropiación indebida en cuantía de 7.000 millones de pesetas durante su etapa al frente de Banesto. La Sala Segunda del Supremo ha archivado las diligencias abiertas por este caso, en las que el ex presidente de Banesto intentó personarse sin éxito como presunto perjudicado. La estrategia de Conde era clara. Acusar a miembros del Gobierno de espionaje ilegal para conferir una fantasmagórica motivación política a la intervención de Banesto, y buscar así una posible nulidad del proceso penal que instruye contra él el juez Manuel García-Castellón y que le llevará a juicio ante la Audiencia Nacional.Para intentar evitar esto, ahora ya sólo le queda a Conde la baza de neutralizar al juez instructor, que está realizando una minuciosa y eficaz labor sumarial. En ello está Conde. Con la animosa colaboración del periódico El Mundo, hagiógrafo del ex banquero y principal divulgador de la tesis de la persecución política, bajo la cual Conde pretende disfrazar su desastrosa y presumiblemente delictiva gestión al frente de Banesto. Un día sí y otro también este medio cuestiona la legitimidad del juez García-Castellón para instruir el sumario por una supuesta apariencia de parcialidad objetiva que se derivaría de su nombramiento como juez. de apoyo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras. Es decir, los mismos argumentos que dicho periódico ha calificado como un intolerable ataque a la independencia judicial cuando alguno de los implicados en el caso GAL han intentado esgrimirlos, contra el juez Garzón a causa de su paso por el Ministerio del Interior y la supuesta rivalidad profesional o política entre los ex mandos encausados y su antiguo compañero.

El archivo del caso Crillon destruye también una maniobra de distracción más de Luis Roldán, que pretendió atenuar sus presuntas responsabilidades penales al frente de la Guardia Civil lanzando tinta de calamar hacia arriba. Y sólo un día después de que el Supremo desinflara su otra maniobra contra la supuesta ilegalidad de su captura y puesta a disposición judicial. Con esta táctica de acusar a los superiores -profusamente empleada en este y otros casos- Roldán buscó meter al ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y al ex ministro de Defensa Julián García Vargas en el mismo saco de la malversación de fondos reservados en el que está metido hasta las cejas el ex director de la Guardia Civil. Es importante, pues, que el Supremo haya evitado que dos personajes a los que se acusa de graves, delitos -Luis Roldán al frente de la Guardia Civil y Mario Conde al frente de una entidad financiera de la importancia de Banesto-, pudieran utilizar el caso Crillon como cortina de humo tras la que esconder sus personales e intransferibles responsabilidades.

También lo es la doctrina que el Supremo establece sobre la legitimidad del Estado democrático para realizar y financiar con fondos reservados informes tipo Crillon "en defensa de intereses públicos relevante que se pueden conectar perfectamente con la seguridad pública general". La relevancia es evidente en la investigación de actividades del entonces presidente de uno de los principales bancos ante el riesgo entonces posible, hoy evidente, de que irregularidades en su gestión pudieran causar graves daños al "sistema financiero nacional. Y eso sólo puede hacerse conociéndolas, y en el caso del anterior presidente de Banesto, prestando "una especial atención a las actividades que se desarrollaban en el extranjero".

Por supuesto que esta actuación de los poderes públicos, justificada en la defensa de los bienes colectivos, debe hacerse con sujeción estricta al marco legal y sin vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Pero el Supremo ha analizado el contenido del informe Crillon y no ha encontrado rastro de delito ni de vulneración de derechos cívicos. No ha existido, chantaje sobre Conde, no se le ha privado del ejercicio de sus derechos constitucionales ni se ha acreditado tampoco que fuera espiado ilegalmente mediante el pinchazo de su comunicaciones telefónicas. Si eso le preocupaba, Conde puede dormir tranquilo. No es víctima, ni siquiera presunta; sólo presunto delincuente.

El caso Crillon, como sucedió con los papeles de Laos, ha ocupado cientos de páginas de periódicos -incluido éste-, ha generado titulares de hasta cinco coIumnas en primera página y dado pie a virulentas acusaciones contra Serra, al que se ha llegado a calificar casi de delincuente. No está de más que alguna vez los periodistas reconozcamos nuestros errores. Es probable que mejore nuestra credibilidad.