Un acuerdo retributivo enfrentado al resto de los sindicatos sanitarios

La directora general del Insalud, Carmen Martínez Aguayo, aclaró ayer que el acuerdo no contempla la homologación salarial del Insalud con las autonomías que mejor pagan a sus médicos. Esta reivindicación -que los huelguistas cifraban en un aumento mensual de 100.000 pesetas- convirtió en diálogo de sordos las negociaciones. El acuerdo final se mantiene en los 3.500 millones ofrecidos desde el principio en la mesa sectorial de Sanidad, cuyos sindicatos integrantes han amenazado con movilizaciones por haberse firmado a sus espaldas.

El acuerdo firmado ayer se trasladará a la mesa sectorial de Sanidad, pero ya una vez firmado. Los sindicatos que la componen, representantes del resto de los trabajadores sanitarios, han amenazado con movilizaciones por que se haya negociado solo con los médicos. A su juicio, el conflicto, que nunca debió salir de sus cauces de negociación legales, podría haber terminado antes.Los líderes de la CESM consideran, con todo, que lo firmado ayer no fue posible antes. "Éste entra más en detalles, es más concreto, tiene plazos, hay compromisos por ambas partes", matizó Carlos Almoyna, miembro del comité sindical negociador. "Las cantidades vienen definidas: de dónde salen, cómo se van a distribuir".

Aunque desde el principio del conflicto se llegaron a esgrimir complejas argumentaciones éticas y de perfeccionamiento profesional, pronto quedó claro que el tema de fondo de la huelga era el dinero. "Inasumible", definió la Administración, incluso desde antes del estallido del conflicto, la reivindicación por parte de los huelguistas de una subida lineal de 100. 000 pesetas mensuales. La contrapropuesta del Insalud fue repartir 3.500 millones, es decir 30.000 pesetas al mes, y ligadas a objetivos de productividad, a reducir las listas de espera y a una más racional organización de la vida hospitalaria, incluso introduciendo la jornada de tarde, según declaró la ministra, Ángeles Amador.

La huelga comenzó el 8 de mayo; el 28 había elecciones autónomas y municipales. El subsecretario de Sanidad, José Luis Temes, habló de "intereses políticos-inspiradores del conflicto. Días después, la ministra aludió a una huelga "política". La CESM lo negó.

A partir de ahí, el balance de cada jornada de huelga se llenó de cifras de ambas partes, absolutamente contradictorias, sobre el número de operaciones o de consultas no realizadas: los enfermos asistían impotentes a una situación paralizada en lo negociador y casi ininteligible, en su macabro baile estadístico, para el profano. Todo ese desbarajuste se interrumpía los fines de semana, cuando en los hospitales permanecían los facultativos de guardia (casi 36.000 pesetas por día festivo). Y la huelga se hacía incontrolable in situ, porque quienes la hacían aplicaban turnos rotatorios.

Insalud y CESM se sentaban y se levantaban continuamente de la mesa, mientras crecía la impotencia de los pacientes y la indignación de organizaciones de consumidores como CAVECECU, que acabó por presentar una querella ante el Fiscal General del Estado.

El punto de no retorno del conflicto fue la madrugada del 1 de junio, cuando tras una jornada en que en las asambleas hospitalarias los líderes huelguistas se vanagloriaron de haber ganado en la madrugada anterior 11 por goleada" -es decir, de arrancar las famosas 100.000 pesetas-, la ministra se echó atrás justo antes de firmar un acuerdo que podía ser interpretado así merced a un oscuro párrafo.

Los contactos oficiales quedaron cortados. La CESM quiso presionar radicalizando la huelga. Se produjeron disensiones entre las bases médicas -Federación de Hospitales- y el comité negociador. Figuras como Vicente Garcés y Carlos Amaya empezaron a ceder protagonismo a otras como Luis Sánchez Harguindey, que ya no se recataba de proclamar su afinidad con el PP. La revelación en EL PAÍS de los vínculos económicos de varios líderes con la mutua privada Previsión Sanitaria Nacional aceleró la división en la cúpula huelguista.