Ayuntamiento exigie 100 millones a Economía por retrasar expedientes

El Ayuntamiento de Madrid reclama al Ministerio de Economía y Hacienda 100 millones de pesetas por los daños y perjuicios que le ha causado a las arcas municipales el retraso de esa Administración en resolver expedientes que cumplen ya más de 10 años. El próximo pleno municipal aprobará una resolución del alcalde, José María Álvarez del Manzano, por la que se insta al ministro de Economía, Pedro Solbes, a que indemnice al Ayuntamiento con 18,7 millones, de momento, por cinco de los 27 expedientes que el ministerio tuvo guardados en el cajón.Todas las reclamaciones tienen su origen en recursos de ciudadanos presentados en 1984 y 1985 ante los tribunales económico-administrativos (que dependen del ministerio) porque no estaban de acuerdo con la cuantía del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalía).

El tribunal -tras 10 años de silencio- da la razón finalmente al Ayuntamiento de Madrid en abril de 1994. El Ayuntamiento tiene derecho a cobrar la cantidad que se le había reclamado al ciudadano, pero, para gran satisfacción de éste, la deuda ya ha prescrito. Y doblemente si se tiene en cuenta que las deudas con la Hacienda pública (multas, declaraciones de la renta) prescriben a los cinco años.

El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, explica que si el ministerio no atiende la petición del Ayuntamiento se procederá por vía judicial. "El Ayuntamiento no va a salir perjudicado por la demora de otra Administración, el Estado pagará lo que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar", declara. Pero finalmente el coste del mal funcionamiento de unas u otras administraciones salé siempre del bolsillo de los ciudadanos.Dinero para créditos

Por otra parte, la comisión informativa de Hacienda aprobó ayer presentar un recurso ante el ministro de Economía contra una resolución de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales que obligaba al Ayuntamiento a reservar el dinero necesario para amortizar el capital de un crédito de 20.000 millones. El Ayuntamiento sostiene que en los presupuestos anuales sólo debe consignar el dinero necesario para pagar los intereses y las comisiones que impliquen los créditos.

Arguye la autonomía municipal y posibles "desajustes" con la normativa sobre la ordenación, del gasto y de la liquidación del presupuesto para avalar su tesis. Añaden que la orden del ministerio supone una amortización anticipada impuesta.

El departamento del Ministerio de Economía pretendía que a partir de l998,y hasta la cancelación del crédito, se provisione el 40% del capital a reembolsar, que significa que los presupuestos deben reservar 620 millones de pesetas en 1998 para ese concepto. Pedro Bujidos afirma que se trata de una "cuestión filosófica y teórica" más que económica.