El Cesid reabre las dudas sobre si la etarra usó su arma antes de morir

El juez Juan Piqueras no durmió la noche del 22 de agosto de 1987, en la que le comunicaron que una activista de ETA había muerto en un enfrentamiento registrado en la calle Rentería del barrio de Txincherpe. A la una de la madrugada se personó en el piso para ordenar el levantamiento del cadáver. Piqueras salió de la casa a las tres de la mañana y una hora más tarde ordenó a los forenses que reconocieran a los presuntos miembros del comando detenidos. A petición de los guardias civiles, el forense reconoció también a un agente que presentaba un hematoma y posible fractura de costilla, consecuencia, según indicaron, del impacto de un proyectil en su chaleco antibalas. A las nueve de la mañana, el juez ordenaba un nuevo reconocimiento médico a los detenidos -ya ocho- y había reclamado la pistola de Urigoitia. Los detenidos confesaron no haber visto los hechos y ratificaron que Urigoitia solía llear una pistola.

Cruce de disparos

La versión original del Gobierno civil, que establecía que la muerte de Urigoitia se había producido como consecuencia de un cruce de disparos entre los guardias que penetraban en la vivienda y la propia activista, no contribuyó a disipar sus dudas. Aquel primer relato no era creíble porque la bala que mató a Lucía había sido disparada con "el cañón del arma prácticamente tocando la piel". El impacto se produjo en la parte posterior de la cabeza, "entre la parte más alta del cuello y la nuca", cuando la activista se encontraba tendida en el suelo gravemente herida en el abdomen por otro disparo.

A la vista de estos datos, el Gobierno civil de la provincia y la propia Guardia Civil fueron aproximándose a los hechos hasta admitir que Urigoitia recibió un segundo disparo. Posteriormente, el guardia que había resultado herido por el impacto de un proyectil en su chaleco antibalas reconoció haber arrastrado unos metros a Lucía Urigoitia. Dijo que se resintió de sus lesiones y dejó caer el cuerpo de la detenida. Al observar que ésta realizaba un nuevo disparo, se giró y "disparó sobre el bulto".

Las investigaciones no aportaron mucho más que la rectificación del relato de los hechos facilitado originalmente por el Gobierno civil y el asunto fue sobreseído. Ahora, el informe del Cesid vuelve a abrir la duda inicial, que se consideraba despejada, de si Urigoitia hizo efectivamente uso de su arma. Si los informes del Cesid responden a la realidad, los implicados tuvieron la necesidad de sustentar la tesis del enfrentamiento. Su problema era que no tenían la pistola de Urigoitia y no había casquillo.