Contraste de actitudes

Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya; Francisco Álvarez, jefe superior de policía de Bilbao, y Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información, en 1983, fueron acusados por Baltasar Garzón de ser los fundadores de los GAL y haber organizado el secuestro, por confusión, de Segundo Marey. Se les encarceló el 19 de diciembre de 1994.En febrero de 1984, José Barrionuevo, ministro del Interior, nombró a Sancristóbal director general de la Seguridad, cargo que desempeñó hasta 1986. Después trabajó para Marconi y creó Etefisa (Estudios Técnicos Financieros). Se le acusa de pertenencia a banda armada, detención ilegal, proposición para el asesinato y malversación.

Álvarez fue entre 1982 y 1986 jefe superior de policía de Bilbao, responsable del Mando único para la Lucha Contraterrorista y jefe del gabinete de Operaciones Especiales. Ahora es propietario de Check-in. Está en libertad provisional bajo fianza de 10 millones. Fue procesado junto con Sancristóbal y sobre él pesan las mismas acusaciones. Ha negado todas las imputaciones. Se negó a mantener un careo con José Amedo. En el que mantuvo con Michel Domínguez negó que ordenase traducir el comunicado de reivindicación del secuestro de Marey.

Sancristóbal se ha mostrado, mucho más comunicativo. En enero concedió entrevistas a TVE, Abc y EL PAÍS y acusó a Garzón de participar en una conspiración para reabrir el caso GAL y derribar a Felipe González, pero no aportó pruebas.

Una conversación con Sancristóbal grabada por Amedo en un pub de Pozuelo (Madrid) el 21 de noviembre de 1994 se dio a conocer en mayo. En ella, el ex director de la Seguridad se preguntaba si González iba a permitir reventar este tema estando él en la línea directa.

Sancristóbal compareció el 10 de febrero ante la juez Ana Ferrer como testigo en el caso de las presuntas irregularidades de Luis Roldán.

El 24 del mismo mes fue interrogado por Garzón sobre su patrimonio con el fin de fijar la responsabilidad civil por el secuestro de Marey. Sancristóbal negó que fuera multimillonario, que hubiese hablado con Roldán cuando los GAL secuestraron a Marey, y que hubiera convenido con Rafael Vera el pago a Amedo y Domínguez de 150 millones de pesetas.

Roldán ratificó el 19 de abril ante el Tribunal Supremo la denuncia del informe Crillon sobre las actividades financieras de Mario Conde. Entre los implicados figura Sancristóbal. Éste declaró el 4 de mayo como testigo y admitió haber entregado a la agencia Kroll 67 millones que Roldán le había dado al efecto.

El ex director volvió a mostrar el 12 de junio su locuacidad ante Garzón. Su coartada sobre sus primeros 130 millones fue destrozada por un matrimonio riojano.

Sancristóbal admitió el 19 de junio, en un careo con Roldán, que efectuó pagos de los fondos reservados a gobernadores civiles y delegados del Gobierno.