El PP no entregó al Tribunal de Cuentas la contabilidad de Baleares en 1989

El Partido Popular no envió al Tribunal de Cuentas datos sobre los ingresos y gastos del partido en Baleares en 1989, cuando presuntamente recibió donativos o comisiones ilegales de los constructores del túnel de Sóller (Mallorca). El informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos aprobado por el Tribunal de Cuentas afirma que el PP -que pasó a tener esa denominación tras la refundación de AP- no incluyó "las operaciones y el patrimonio de las sedes regionales, provinciales, comarcales y locales" en toda España.

Esta constatación contradice, al menos en parte, la declaración realizada el pasado sábado a este diario por Gabriel Cañellas, presidente del PP de Baleares, en una entrevista en la que aseguró: "Hemos rendido cuentas al partido, y éste al Tribunal de Cuentas, inmediatamente".Un destacado dirigente del Partido Popular declinó ayer explicar si la sede nacional del Partido recibió efectivamente o no las cuentas de la organización del partido en Baleares; si llegó esa contabilidad, por qué no fue entregada al Tribunal de Cuentas, y si no llegó, por qué Cañellas ha dicho lo contrario. Asimismo evitó aclarar si el dinero de que disponía Cañellas en una cuenta opaca de Brokerval pertenecía al PP, como aseguró el pasado mes de enero el presidente balear.

El citado portavoz de la ejecutiva del PP se limitó a señalar: "No hay respuesta periodística en tanto en cuanto hay un cauce y una iniciativa investigadora del partido en marcha". Esa investigación, que ayer concluyó en Mallorca el secretario de la comisión nacional de conflictos del PP, Carlos Argos, estará terminada antes del viernes.

Argos y Miguel Segimón, miembro también de la comisión de conflictos, se entrevistaron de nuevo ayer con Cañellas, y con José Antonio Berastáin, secretario general del PP balear. Asimismo conversaron con Joan Verger, ex presidente del Consejo Insular, popular pero políticamente distante de Cañellas.

También consultaron al consejero de Obras Públicas, Bartomeu Reus, y al de Economía y Hacienda, Jaume Matas, aunque ambos no pertenecían al Gobierno autonómico cuando fueron adjudicadas las obras del túnel. Tras mantener una reunión en la sede del PP, los miembros de la comisión de conflictos salieron del edificio por una puerta trasera para esquivar a los periodistas, que les localizaron poco después.

La comisión de conflictos empezará hoy a redactar el informe, que entregará a José María Aznar en cuanto esté terminado, como muy tarde el viernes, con la "información suficiente" y la "documentación exahustiva" que ha reunido en Mallorca.

Los datos aportados por el PP en 1989 al Tribunal de Cuentas dificultaban un conocimiento cabal de todos los ingresos y gastos del partido, ya que sólo aportaban la contabilidad de la sede nacional, en Madrid. En esa época, el responsable de las finanzas populares era Rosendo Naseiro. Aznar no era todavía presidente.

Deficiencias

Las deficiencias de control y rigor, reflejadas en el informe del Tribunal de Cuentas publicado en el BOE el 1 de julio de 1994, eran de este tenor: "En cuanto a las sedes regionales y provinciales, cuyas operaciones se financian parcialmente con transferencias de la central, el control de ésta sobre la actividad económico-financiera de aquéllas se limita a la recepción de información mensual, no homogénea en algunos casos, sobre ingresos, gastos y tesorería, sin que de esta información se disponga en la sede central de registros de contabilidad y documentos que sustenten su contenido, mientras que, en algunos casos, los saldos deudores transferidos por la central no se concilian con los importes contabilizados por las sedes periféricas".Por otra parte, los antiguos militantes del PP de Baleares Andrés Bordoy y Miguel Deyà, que fueron condenados cada uno a cuatro meses de prisión y multa de 100 millones por intento de soborno a un concejal del PSOE de Calvià (Mallorca), perderán la mayor parte de sus bienes inmuebles, toda vez que deberán pagar la sanción con apremio y embargo de su patrimonio, según decisión del tribunal de la Audiencia de Palma, que dictó en 1992 la primera sentencia, ratificada por el Supremo.

Miguel Deyà, agente inmobiliario, ha puesto sus propiedades a disposición del tribunal. Guillermo Ginard, el tercer penado por el intento de soborno con 100 millones de pesetas al concejal del PSOE de Calvià y único que no militaba en el PP, ha cumplido los seis meses de cárcel a que fue condenado.

De otro lado, el abogado mallorquín Ramón Riutord, que defendió en 1992 a Miguel Deyà, mantiene que un dirigente del PP retribuyó su trabajo jurídico y la negociación de una ayuda del partido para Deyà.