El presidente de Derechos Humanos dice que el Gobierno no tiene voluntad política de erradicar la tortura en España

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, José Antonio Gimbernat, afirmó ayer que las autoridades no tienen voluntad política de erradicar la tortura y colaboran en un "círculo diabólico y falaz" que, en la práctica, permite a los torturadores pensar que pueden actuar con impunidad. Gimbernat, que dirige el curso Garantías y vulneraciones de los derechos humanos en Europa y América Latina en la Universidad de verano de la Complutense, señaló que en España se abren cada año unas 100 diligencias judiciales por casos de tortura, y que la existencia de esas prácticas atentatorias por parte de las fuerzas' policiales contra los derechos humanos es confirmada por las sentencias condenatorias que se dictan.En su opinión, en España hay torturas porque el Gobierno no tiene. voluntad de frenar dichas prácticas, al proclamar sistemáticamente la presunción de inocencia de los torturadores sin abrir investigaciones internas, y al ascenderles y condecorarles en el largo, tiempo que permanecen a la espera de juicio, para finalmente indultarles aduciendo lo lejanos en el tiempo que están los delitos cometidos.

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos. considera que debe reducirse de cinco a dos días la posibilidad de incomunicar a los presos acusados de terrorismo, ya que el plazo más largo favorece que se produzcan torturas, y defiende además que el Gobierno se abstenga de indultar a torturadores al menos en la parte de la pena que determina su inhabilitación, por ser personas que no merecen seguir dentro de las fuerzas de seguridad".

Gimbemat considera también responsable al Gobierno del crecimiento del racismo y la xenofobia en España, porque a su juicio ese fenómeno está ligado a una inadecuada política de inmigración. Los políticos, aduce, no pueden ampararse en que la xenofobia es "una especie de peste medieval que se extiende por Europa", sin analizar más allá sus causas.

Gimbernat indicó, que las autoridades españolas han puesto la venda antes de la herida en esta materia, al aplicar restricciones a la inmigración, ya que España no está siendo destino de grandes, flujos de extranjeros procedentes del sur.

El responsable de la asociación criticó la ley de Extranjería por haber condenado, dijo, a más de 200.000 personas a la ilegalidad al imponerles condiciones imposibles de reunir para poder trabajar en España.