¡Nulidad! ¡Moreiras!

Si hay una conclusión immediata que surge del escrito firmado por el abogado Mariano Gómez de Liaño, primer escrito de la defensa de Mario Conde ante el juez Manuel García-Castellón presentado en los más de cinco meses que han seguido a su puesta en libertad, es que el penalista Antonio González Cuéllar, separado de la defensa del ex banquero y del bufete Asesores en Derecho, desde el pasado mes de enero, podría exigir un pago por el copyright. Los 17 folios del escrito elevado ayer en nombre de Conde y cuatro ex administradores (Antonio Sáez de Montagut, sobreseído provisionalmente; César de la Mora; Enrique Lasarte y Vicente Figaredo) reproducen los conceptos que González Cuéllar presentó en su recurso de 'queja, del 31 de diciembre de 1994, tras desestimar el juez su auto de reforma ante la prisión de Mario Conde.El hecho de que Mariano Gómez de Liaño se haya limitado a reproducir, tras estos seis meses de instrucción, los mis mos argumentos sobre la presunta infracción de las garantías procesales de su defendido (rechazados por la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional al conceder la libertad de Conde) revela que toda la estrategia reposa sobre la nulidad de las actuaciones. Eso sí, aquello que se decía con cierta habilidad jurídica en diciembre, ahora es más brutal: el juez es prácticamente una marioneta de la Administración y los hombres del Banco de España ha tomado por asalto primero la Fiscalía de la Audiencia Nacional y más tarde la planta séptima del propio juzgado número 3.

Mientras tanto, como reconoce el escrito, el Tribunal Supremo ha decidido rechazar, según pedía Conde, la suspensión inmediata del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que fue prorrogado el mandato de Manuel García-Castellón como juez de apoyo hasta finales de octubre próximo. Se supone que si se hubiesen apreciado indicios de violación de derechos fundamentales en el hecho de que el juez de apoyo instruya el caso Banesto, entre otros muchos, los magistrados, aún sin entrar en este tema de fondo, se habrían pronunciado por la suspensión de la prórroga. Pero no lo hicieron y ahora decidirán en plazos más dilatados. En todo caso, Conde. y Gómez de Liaño no abandonan la idea de que Miguel Moreiras, "juez natural" se haga cargo del sumario.

Mario Conde y Mariano Gómez de Liaño piden la nulidad de las actuaciones por una tema fundamental pero que nada tiene que ver con los derechos fundamentales sino más bien lo contrario: porque su omnipotencia les condujo a cometer errores irreparables ante el juez García-Castellón y el fiscal Florentino Orti. Ni la rapidez en la admisioria trámite de la querella, niel secreto de las actuaciones, ni el juez de apoyo, ni los peritos designados por el juez (Banco de España e Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) son razones procesales verdaderas.

Gómez de Liaño y Conde pretenden que todo el sumario se basa en declaraciones arrancadas por el juez y el fiscal a solas con testigos más o menos amañados, bajo el amparo del secreto de las actuaciones.

Y, sin embargo, la piedra angular del sumario han sido las propias declaraciones de Arturo Romani, Mario Conde, Mariano Gómez de Liañ6, Jacques Hachuel, para citar aquellas que han aportado datos y contradicciones durante la etapa del secreto. Pero aún más significativas han sido para ciertos delitos, tras ser levantado el secreto, las de Juan Belloso, ex consejero delegado del banco, sobre los 300 millones retirados y nunca reintegrados; las de Ronaldo , Sullani y Jim McMahan, vicepresidentes de la multinacional norteamericana Air Products, quienes aportaron testimonios y documentos sobre el pago de 1.344 millones de pesetas que nunca entraron, como debían, en Banesto, como pago de una opción por el 5,9% de Carburos Metálicos; o la de Roberto Mendoza, vicepresidente de J.P.Morgan, para aclarar las relaciones entre el primer accionista, Corsair, y el management de Banesto dirigido por Mario Conde (la palabra más frecuentemente utilizada para definir esas relaciones fue "engaño").

Con todo, la estrategia de no reconocer al juez tiene trampa. Miguel Gómez de Liaño, hermano de Mariano, y defensor de Romaní, sí ha pedido una diligencia: el envío de una comisión rogatoria a Panamá, uno de los delitos que más preocupan a Conde. El juez aún no se ha pronunciado sobre la petición, pero hay que saber que con esa prueba los Gómez de Liaño pretenden justificar el pago de una comisión de 1.500 millones de pesetas (operación cementeras) que figuran entre los hechos que enviaron a Romaní y a Conde a Alcalá Meco. Por tanto, cuando a Conde le interesa una prueba montada a 12.00 kilómetros, pues adelante, ¡que la solicite el abogado de Romaní!. Cara a la galería, como no hay por donde meter mano al sumario, al juez y al fiscal ¡Nulidad!.