Un juez del Tribunal Supremo

Es muy probable que el nombre del juez del Tribunal Supremo David Souter no les resulte conocido a muchos españoles, y de hecho tampoco lo es para muchos estadounidenses. El papel de la judicatura, y de la mayoría de los jueces individualmente, no resulta ni remotamente tan sexy como el de las estrellas de baloncesto y el de posibles candidatos presidenciales. También resulta más difícil condensar sus importantes funciones en una frase pegadiza. Pero los nueve jueces del Tribunal Supremo son los guardianes de la Constitución estadounidense, y sus opiniones fijan las pautas y límites para las legislaturas nacional y estatales y para los tribunales inferiores.En el mejor de los casos, y a veces de hecho, los presidentes intentan nombrar jueces que son conocidos por su categoría intelectual, su integridad profesional y su independencia de los partidismos dogmáticos. Pero la política también influye en las designaciones, corno ocurrió con la determinación de Franklin Roosevelt de nombrar jueces que no declararan inconstitucional la totalidad del new deal, y los esfuerzos más recientes de los presidentes Nixon, Reagan y Bush de nombrar jueces que frenaran los excesos de la intervención gubernamental en los problemas sociales y ecológicos, en la protección de los derechos civiles, limitando el uso de la pena de muerte y, en general, mimando a los delincuentes.

Los tres últimos presidentes mencionados consiguieron formar un Tribunal Supremo con una mayoría normalmente conservadora. Es un tribunal que tiende a argumentar que la legislación federal ha ido demasiado lejos en la protección de los derechos civiles y en las restricciones a los derechos de la propiedad privada. Su razonamiento es que el Gobierno federal no debería legislar en áreas en las que la intención de los padres fundadores no está claramente indicada y que el Gobierno federal ha usurpado con frecuencia potestades que corresponden a los 50 diferentes Estados. Estos dos argumentos, por muy sinceros que sean sus principios, refuerzan eficazmente los poderes de la élite económica y social existente. La intención de los padres fundadores en lo que respecta a situaciones que no existían en 1789 es imposible de descubrir, y las legislaturas estatales les resultan más fáciles de controlar a los intereses empresariales que la legislatura nacional. (Que tomen nota los entusiastas del poder de los Gobiernos autónomos en España).

El juez David Souter fue nombrado en 1990 por el presidente George Bush, y, en general, se dio por sentado que reforzaría la mayoría conservadora, una presunción que parecía justificada en vista de su historial personal. Realmente, como ser humano es un ejemplo de varios rasgos de Nueva Inglaterra muy admirados que, de hecho, en términos de política cotidiana se han asociado con frecuencia con las clases empresariales y profesionales conservadoras estadounidenses, protestantes en su mayoría.

La juventud en una ciudad pequeña de New Hamsphire y un excelente historial escolar y moral en el instituto, seguido de educación en Harvard y una beca Rhodes para Oxford. Enjuto y con un callado sentido del humor, yogur y manzana (corazón y semillas incluidos) para almorzar, ningún terminal de ordenador en su mesa de trabajo, un noviazgo fallido pero sin resentimientos y ningún escándalo, fama de justo y modesto entre sus colegas y subordinados. Tras su vuelta a New Hamsphire con su licenciatura en Derecho, ejerció de modo sobresaliente en los tribunales de distintos Estados, y dedicó su tiempo libre al alpinismo, a la administración voluntaria de hospitales y a su madre viuda.

La filosofía del juez Souter se puede ilustrar brevemente mencionando dos casos polémicos. El primero, en 1992, se refería a la legislación del Estado de Pensilvania para restringir los derechos de aborto. Souter estuvo de acuerdo con la mayoría del tribunal en que el Estado tenía derecho a imponer la mayoría de las restricciones propuestas, pero se opuso a los intentos de cuatro de los nueve jueces de revocar el famoso veredicto de Roe contra Wade en 1973, un veredicto que confirmó el derecho de las mujeres a abortar durante los tres primeros meses de embarazo, antes de que el feto sea viable.

Sus principales argumentos, a los que se unieron otros cuatro jueces para conseguir una mayoría de cinco a cuatro, eran: 1) que durante dos décadas las mujeres habían planificado sus familias "confiando en la disponibilidad del aborto en caso de que fallaran los anticonceptivos" y de que así se había facilitado su capacidad de "participar a un nivel de igualdad en la vida económica y social de la nación"; 2) que en casos muy polémicos como los de la desegregación escolar y el derecho de aborto, el tribunal debería intentar solucionar las divisiones nacionales "aceptando un mandato común arraigado en la Constitución"; 3) que era imperativo confirmar la esencia de Roe contra Wade, aunque aceptando a la vez el derecho de Pensilvania a imponer ciertas restricciones en su territorio.

El segundo caso se falló hace tan sólo unas semanas. Por cinco a cuatro, y esta vez confirmando la postura conservadora, el tribunal declaró inconstitucional un plan de desegregación escolar en Kansas City, en el Estado de Misuri. La ciudad había confiado atraer alumnos de los barrios blancos creando una escuela imán en el centro urbano, con una mayoría de habitantes negros. Parte del dinero para los colegios imán procede de fuentes federales (y, por tanto, por definición, para los políticos conservadores es un ejemplo de los sistemas excesivamente liberales de "cobra impuestos y gasta" de las pasadas administraciones demócratas).

La mayoría conservadora adujo que el Gobierno federal se había excedido en sus atribuciones cuando estableció un programa dirigido a los residentes del extrarradio, a los que no se podía responsabilizar de las deplorables condiciones de los colegios de los barrios céntricos. La minoría de cuatro personas, compuesta de un juez anterior a la presidencia de Nixon que seguía en el tribunal (John Paul Stevens), los dos jueces nombrados por el presidente Clinton (Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer) y el juez Souter, tomaron la postura de que la consecución de la justicia racial sigue siendo una responsabilidad nacional en Estados Unidos y, por tanto, es legítimamente federal.

A fin de entender estos puntos de vista que han encolerizado a muchosde los que apoyaron en principio a Souter, es preciso diferenciar dos significados de la palabra conservador. Se puede referir a una persona que defiende los intereses pragmáticos del establishment, y se puede referir a una persona que desea conservar las mejores tradiciones de una sociedad dada. El juez Souter es un conservador del segundo tipo, como indican sus referencias a los múltiples significados del caso Roe contra, Wade para las mujeres de todas las clases sociales, y por su afirmación de la responsabilidad nacional en la consecución de la igualdad racial.

En cuanto a cómo es que fue nombrado por un presidente republicano: también es un hombre cuyos principios atrajeron intuitivamente a lo mejor que había en George Bush, el Bush que siempre tuvo un elevado concepto del servicio público, que ha sido personalmente un hombre muy admirable en su vida privada y que de hecho estaba a favor de la paternidad responsable antes de que la política del Partido Republicano le convirtiera a la "economía vudú" (frase de Bush en 1980) de Ronald Reagan y a las pasiones antiabortistas de la Coalición Cristiana. Bush puede que sea recordado de hecho por haber nombrado a uno de los jueces menos competentes del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, y a uno de los mejores, David Souter.