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La ONU quiere acabar con los 110 millones de minas 'plantadas' en el mundo

De innovación militar a catástrofe humanitaria global. Así califica Naciones Unidas el desarrollo y las secuelas de las minas, un artefacto bélico cuyo efecto indiscriminado causa actualmente alrededor de 10.000 muertos al año y varios miles más de incapacitados. Para acaba con esta plaga -actualmente existen 110 millones de minas enterradas en 64 países-, la ONU inició ayer en Ginebra una conferencia internacional de tres días con el objetivo de concienciar del problema a la opinión pública mundial y solicitar fondos para ayudar a los países afectados.

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Ya no se trata de los anticuados explosivos estrenados en la Primera Guerra Mundial ni de las cargas antitanque de la Segunda. Ahora son pequeños ingenios, del tamaño de una cajetilla de tabaco y 100 gramos de peso, de plástico o madera -lo que les hace muy difíciles de detectar-, destinados a matar, mutilar y provocar la huida de civiles. Mientras las grandes potencias discutían sobre el peligro nuclear, las minas antipersonales, de las que existen en el mercado 360 tipos diferentes, iban infestando los campos del Tercer Mundo como una plaga bíblica.La conferencia de Ginebra, a la que asisten el secretario general de la ONU, Butros Butros-Gali, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cornelio Sommaruga, delegaciones ministeriales de numerosos países y diversas organizaciones no gubernamentales, servirá también para discutir una legislación internacional que es tan insuficiente como ineficaz. La ONU y la Cruz Roja quieren que las minas antipersonales sean prohibidas en la conferencia sobre la revisión del tratado de armas convencionales que se celebrá en Viena en otoño.

Por ejemplo, el Protocolo II del Tratado de Armas Convencionales de 1980, que entró en vigor tres años más tarde y fue firmado por 41 Estados, regula el uso de las minas terrestres, pero no es aplicable, en guerras civiles y no dice nada sobre producción, almacenamiento, transporte o exportación de las minas antipersonales. El secretario general de la ONU ya ha declarado su objetivo: "La conferencia de Viena debe servir para cambiar el papel de las minas de un arma táctica del campo de batalla al de un arma de destrucción de masas de escenario más amplio". Y añade: "Hay que situar las minas en la misma categoría legal y ética que las armas químicas y biológicas a fin de estigmatizarlas en la imaginación pública".

Butros Gali no exagera. Las minas forman parte de ese arsenal de armas baratas responsable de la muerte de 50 millones de personas desde 1945.

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Actualmente, fabricar una mina antipersonal cuesta unos tres dólares (366 pesetas), mientras que para quitar esa misma mina se necesitan entre 300 y 1.000 dólares (entre 36.000 y 122.000 pesetas). La ONU calcula que para eliminarlas todas de sembrados, carreteras, mercados, puertos, instalaciones eléctricas y fuentes de agua sería necesario que la comunidad internacional invirtiese 33.000 millones de dólares (3,9 billones de pesetas, casi la mitad de lo que gasta el España en pensiones) y, según las estimaciones de la Cruz Roja, más de mil años de trabajo. Cifras que se explican porque las minas ya no se colocan manualmente, sino que son diseminadas por morteros o lanzadas desde helicópteros; porque ningún ejército traza mapas de su localización; porque las tareas de limpieza son extremadamente peligrosas, ya que los actuales métodos de detección son caros y obsoletos, y porque si en 1993 se deasactivaron 100.000 minas ese mismo año se enterraron otros dos millones.

Pero las minas no sólo destrozan vidas. También tienen efectos catastróficos para el desarrollo económico y social de un país. "Sus consecuencias para una nación que sale de un conflicto bélico son terribles. Para empezar, se quedan sin vías de comunicación, sin campos de cultivo, con los alrededores de las ciudades sitiados y con la carga de una población incapacitada a la que no se puede atender por falta de recursos médicos. El sembrado de minas niega cualquier intento de recuperación económica a un país", afirma Lucía Alonso, del Seminario de Investigación para la Paz, en -el Centro Pignatelli de Zaragoza. Secuelas a las que hay que añadir los millones de refugiados que no pueden volver a sus casas por este problema.

Hasta ahora, la respuesta internacional ha sido meramente, formal. EE UU, que ha fabricado el 15% de las minas existentes, en el mundo, prohibió en 1992 la exportación de minas antipersonales, veto que fue ampliado en tres años en 1993. El Parlamento Europeo pidió, también en 1992, a los Estados miembros de la UE que declarasen una moratoria sobre su exportación de cinco años, medida adoptada por España en 1994, pero que no afecta a su producción. Hasta ahora, únicamente Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia y Noruega han suspendido su fabricación.

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