Garzón consulta al fiscal la ampliación del procesamiento de Vera y Álvarez

El juez Baltasar Garzón remitió ayer una providencia al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, en la que le solicita que le informe acerca de si debe ampliar el procesamiento porun nuevo delito de malversación de caudales públicos contra el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior Francisco Álvarez.

El nuevo delito guarda relación con cheque el de 15 millones del Banco de España cobrado con cargo a la cuenta de fondos reservados que Interior tiene en el banco emisor. El talón fue entregado por Vera a Álvarez una semana después de que éste dimitiese de su cargo y fue invertido en un pagaré del tesoro a nombre de su esposa, Carmen Enrich, a través de la sucursal del banco Indubán de Jerez de la Frontera.Álvarez declaró ante el juez que el cheque le fue entregado por Vera para pagar a un confidente. Sin embargo, y a la vista de la mecánica empleada en Interior, fuentes jurídicas consideraban que los 15 millones constituían la indemnización de Álvarez al dejar su puesto. En fuentes de la investigación se estima que el dinero formaría parte de la denominada "caja de resistencia" de financiación de los GAL para comprar silencios o para enriquecimiento personal.

El magistrado pregunta también al fiscal si debe remitirse al Tribunal Supremo o a la Audiencia de Madrid el testimonio relativo a dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos supuestamente cometidos en relación con la entrega de cinco cheques de siete millones. De las declaraciones de Luis Roldán y Julián Sancristóbal se desprende que el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, estaba al corriente de los pagos y que Sancristóbal los disponía siguiendo sus órdenes.

Si el fiscal considera que Barrionuevo está implicado, el testimonio debe remitirse al Supremo, ya que el ex ministro mantiene la condición de aforado por ser diputado. Los otros dos imputados serían Roldán y Sancristóbal. En caso contrario, el caso pasaría al juzgado de instrucción número 43, que investiga los fondos reservados.

Por otro lado, el fiscal debe informar también si se debe perseguir a Sancristóbal por falsedad en documento notarial, por fabricar la falsa coartada sobre el origen de su patrimonio.

Garzón decidió ayer no citar a las esposas de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez como inculpadas, como habían pedido los defensores de Anibal Machín y Félix Hernando. Las defensas no pueden actuar como acusaciones, según la resolución del magistrado.

Por otra parte, la Audiencia Nacional verá hoy el recurso de apelación presentado por la defensa de Vera contra los autos de prisión y procesamiento dictados por Garzón.

El pasado día 4 tenía que haberse celebrado la vista por el recurso. Sin embargo, los magistrados de la sección primera decidieron que este recurso se examinara de forma conjunta con el recurso contra el auto de procesamiento. Vera permanece en prisión provisional desde el pasado 16 de febrero en la prisión de Alcalá-Meco. La decisión de la Sala fue muy criticada tanto por la defensa de Vera como por la acción popular, por considerar que se vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva.

En el auto de procesamiento, Garzón imputa a Rafael Vera la comisión de los presuntos delitos de detención ilegal, malversación de caudales públicos (ambos en relación con el secuestro de Segundo Marey) y un delito monetario' por el presunto pago de 200 millones a las esposas de los ex policías cuando éstos se encontraban en prisión.

Según el auto, Vera ordenó a Luis Roldán, entonces delegado del Gobierno en Navarra, y a los jefes del puesto fronterizo de Dantzarinea que no se Impidiera el paso del vehículo donde iba Marey.