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La economía social y el Libro Blanco de Industria

ANTONIO MANCHADOLas empresas de economía social (cooperativas, sociedades laborales...) no comparten la idea de un tejido industrial uniforme ni la aplicación de soluciones genéricas que propugna el Libro Blanco de Industria, según el autor.

La falta de competitividad es la causa dominante de los males por los que atraviesa la industria española. Partiendo de este hecho, resulta imprescindible diseñar una política que la impulse y que, explique los motivos por los que nuestra industria no ha dispuesto de la aplicación de unas medidas eficientes y capaces de alcanzar esos niveles de competitividad. Conociendo las dimensiones y características de ese escenario industrial, el Ministerio de Industria y Energía (Miner) ha diseñado un, Libro Blanco e n el que queda plasmada "una política industrial para España", invitando a un debate a las partes implicadas (organizaciones empresariales, de una parte; sindicatos, de otra) para que se manifiesten y, entre todos, se actualice el obsoleto modelo industrial, con el fin de en contrar el camino de la eficacia y de la competitividad.La Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes), por supuesto, ha valorado positivamente el documento elaborado por el Miner y el esfuerzo realizado para definir cuál debe de ser la política industrial; pero, con el respaldo que nos proporciona generar un 4% del PIB, opinamos que en la propuesta del Miner existen olvidos importantes, que nos obligan a plantear una serie de observaciones.Como empresarios que somos, compartimos sin duda el diagnóstico realizado.. Estamos de acuerdo, considerada la política industrial como una unidad, en la necesidad de establecer un marco estratégico y las líneas maestras de esa política industrial.Somos conocedores de los cambios profundos en materia de competencia que se han producido dentro y fuera de nuestras fronteras.Somos conscientes del relevante cambio cualitativo que se ha registrado en la forma de hacer industria. Y percibimos también el cambio social que ha surgido en todo lo que se refiere a medio ambiente y derechos de los consumidores.

Pero al mismo tiempo estamos obligados a señalar, una vez analizado el documento oficial en su conjunto, que no compartimos la idea de un tejido industrial uniforme y, por tanto, lo inadecuado que puede resultar la aplicación de soluciones igualmente genéricas, como tampoco consideramos que las propuestas para sanear ese tejido hayan de ser generales; sobre todo si se tiene en cuenta que dentro del sector hay empresas que no han realizado el esfuerzo que han llevado a cabo otras para adaptarse al nuevo marco de operaciones. La competitividad de una economía puede observarse y debe evaluarse sobre tres parámetros fundamentales: macroeconómicos, sectoriales y empresariales. Y, consecuentemente, para favorecer esa competitividad sería necesario, entre otros elementos, la aplicación de una política macroeconómica- encaminada a configurar un marco de estabilidad para las inversiones; una política de inversiones públicas, con especial incidencia en infraestructuras y tecnología; una política que regule los mercados del capital y el trabajo, y una política de defensa de la competencia, encaminada a conseguir una eficiente asignación de los recursos.Sin duda, nuestras productividad Y competitividad estarían hoy día a otros niveles si el aprovechamiento del aumento o del gasto que se ha producido en las, administraciones públicas, que en 1985 representaba el 25% del PIB y en 1992 el 47%, hubiera sido otro.

Desde el punto de vista interno de la empre

sas, los grandes escollos con los que se han enfrentado siempre siguen, en buena medida, vigentes: su insuficiente, tamaño, su inadecuada estructura organizativa y su reducida capacidad tecnológica; requiriendo por tanto, una atención política que permita un cambio de estrategia y la supresión de esos lastres con el fin de lograr mayores cotas de competitividad.

En esta revisión global del Libro Blanco sobre la industria española parece razonable insistir en la idea del análisis de los diferentes subsectores que configuran el mapa completo de la industria -el sector, recordemos, aporta 13 billones de pesetas, equivalentes a un,22% del Pro ducto Interior Bruto (PIB)-, con objeto de, una vez realizada la selección, marcar las priori dades más convenientes para la economía española. En el documento oficial se echan en falta también ciertas medidas de apoyo que estén encaminadas a estimular la creación de grupos o asociaciones efectivas y fuertes, que deberían estar respaldadas por otra serie de medidas de tipo fiscal que permitiesen una financiación más dinámica.

Además de estas observaciones generales, el documento presenta una serie de carencias. Falta un análisis sobre la calidad, un elemento determinante en el marco de. la competitividad y reflejo de otros factores como la innovación y la investigación.

Existe un insuficiente desarrollo de la política educativa y de formación, tan necesarias para atender las demandas de la empresa respecto a la formación en los centros académicos, como para ajustar el empleo industrial a la realidad actual. Y falta cuantificación de las propuestas formuladas, aunque no falten, eso sí, exposiciones cualitativas. Si, como sabemos todos, las economías industriales están regidas hoy día por los tipos de cambio del marco y el dólar, una primera sugerencia estaría basada en el mantenimiento de unas paridades que hagan posibles las exportaciones, cuando elementos distorsionantes, como la inflación o la balanza de pagos, las obstaculicen. Una segunda sugerencia seria pedir un mayor rigor presupuestario, que sólo puede conducir a un acercamiento a las condiciones del Tratado de Maastricht, precisamente ahora que no convergemos con ninguno de sus cuatro puntos capitales.

La tercera suferencia que hacemos estaría encaminada al reforzamiento de las inversiones reales en infraestructuras; una labor en la que puede participar de modo favorable la iniciativa privada allí donde no llegue o no pueda llegar la inversión pública. La cuarta sugerencia pasa por una mayor eficiencia de las administraciones estatales y autonómicas. Y la quinta, por destinar más recursos a la actividad productiva real sin que ello suponga un aumento de la presión fiscal.

La eliminación o suavización de múltiples barreras y aduanas técnicas, como las pruebas de homologación nacionales, por regla general complicadas, lentas y costosas, cuando en el área comunitaria existe precisamente una falta de armonización en este terreno; el grave obstáculo comercial que suponen las exigencias en materia de envases y embalajes, y el reciclado de los mismos; el gasto costoso que supone para las pequeñas y medianas empresas la recaudación del IVA, etcétera, constituyen una serie de cortapisas que al mismo tiempo se convierten en propuestas concretas, por nuestra parte, para facilitar el, flujo de mercancías y, en definitiva, los canales comerciales que utilizan las empresas, cualquiera que sea su dimensión.

En este mismo sentido, propugnamos la creación de sociedades de garantía recíproca o de capital-riesgo, con la debida atención y participación del sector de la economía social en las mismas, que asuman y faciliten el acceso de las pequeñas y mediadas empresas al crédito, normal o privilegiado, pero en definitiva crédito, de las entidades financieras.

Nos consta que las entidades financieras, en, general, frente al desarrollo de los mercados y el aumento de la competencia, y siempre que las condiciones sean las adecuadas, están o parecen estar dispuestas a proporcionar la inversión necesaria para aquellos que asumen riesgos empresariales; que intentan ajustar los diferenciales de los intereses a base de una mayor y mejor eficiencia interna para reducir costes, y que la filosofía , también en general, en su contribución a la salida de la crisis y a la recuperación económica, se basa en apoyar los proyectos empresariales; pero, al mismo tiempo, resulta preciso fomentar la canalización del ahorro hacia la economía real, porque, en caso contrario, difícil resultará que ese 4% con el que participan las empresas de la economía social en el PIB no sólo se incremente, sino se consolide.Antonio Manchado es presidente de Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES).

En el documento, se echan en falta medidas para la creación de grupos o asociaciones efectivas y fuertes

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