La oposición acusa a la policía de matar a 15 campesinos en una emboscada en Guerrero

La tensión en las comunidades indígenas de México no es exclusiva del Estado de Chiapas.Quince campesinos murieron y otras 23 personas resultaron heridas el miércoles en Aguas Blancas; en la serranía del Estado de Guerrero (250 kilómetros al sur de la capital mexicana), uno de los más pobres del país. La policía insiste en que los campesinos, que formaban parte de un grupo que iba a participar en un acto político, estaban armados y provocaron los enfrentamientos. Sin embargo, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática(PRD) sostiene que los testimonios recogidos revelan que "hubo una matanza" y que los agentes "tendieron una emboscada" a los campesinos, miembros de la organización Sierra del Sur.

El Gobierno de Guerrero aseguró que los campesinos, que habían secuestrado varios vehículos para participar en una manifestación en Zihuatanejo, fueron los primeros en disparar y atacaron con un machete al jefe del destacamento policial que les había dado el alto y le cortaron un brazo. Las autoridades sostienen que uno de los conductores confirmó que había sido secuestrado, y que los campesinos, armados con tres fusiles y cinco pistolas, agredieron a los agentes.

Mientras tanto, el portavoz de la comisión de Derechos Humanos del PRD, Gilberto López, denunció la "matanza" de los miembros de la organización Sierra del Sur. "La policía tenía montado un dispositivo para trasladar a los muertos y heridos a Acavulco con la intención de encubrir la matanza", aseguró López. El PRD afirma que la policía colocó varias armas entre los cadáveres para justificar su versión de los hechos.

Por otro lado, la organización no gubernamental norteamericana Human Rights Watch ha denunciado que el Ejército mexicano se ha negado en redondo a investigar las supuestas violaciones de los derechos humanos de la población indígena cometidas por sus soldados en el Estado de Chiapas.

En la capital mexicana, centenares de católicos se manifestaron ayer ante el Ministerio de la Gobernación para protestar contra la expulsión de México de tres sacerdotes extranjeros, entre ellos el español Rodolfo Izal, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas (Chiapas).