Los 'narcos' y terroristas arrepentidos no obtendrán ya el perdón total de su condena

Los narcotraficantes y terroristas arrepentidos que colaboren eficazmente con la justicia podrán obtener una rebaja en sus penas, pero no la remisión [el perdón] total que prevé la legislación vigente y el proyecto de Código Penal remitido por el Gobierno. El consenso parlamentario permitió ayer una votación unánime en el pleno del Congreso de los Diputados para impedir ese perdón en el futuro código, que se terminará de aprobar la semana próxima. También fue votada unánimemente la enmienda de IU por la que se penaliza a los empresarios que, por imprudencia grave, pongan en peligro la seguridad de sus trabajadores.

La propuesta socialista aprobada ayer por unanimidad, con origen en una enmienda de Coalición Canaria, establece que "los jueces y tribunales, razonándolo en sentencia", podrán imponer a los narcotraficantes la pena inferior en uno o dos grados, "siempre que el sujeto hubiese abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se hubiese presentado a las autoridades confesando los hechos en que hubiese participado y hubiese colaborado activamente con éstas, bien para impedir la producción del delito bien para obtener pruebas decisivas para la identificación y captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que hubiese pertenecido o con las que hubiese colaborado".Este precepto -similar al también aprobado para los terroristas arrepentidos- suprime el párrafo que figuraba en el proyecto remitido por el Gobierno y aprobado por la Comisión de Justicia e Interior, por el que se permitía a los jueces y tribunales "la remisión total de la pena cuando la colaboración activa del reo hubiere tenido una particular trascendencia para identificar a los delincuentes o evitar el delito".

Otra votación unánime se produjo en torno a una propuesta de IU para reforzar la protección penal de los trabajadores. Diego López Garrido (IU) recordó que "España está a la cabeza de la Unión Europea en accidentes laborales" y que el nuevo Código Penal suprime el delito genérico de imprudencia, por lo que es necesario especificar que la conducta imprudente es delictiva en cada caso que se considere necesario, como éste.

Mediante una enmienda transaccional a la de IU, propuesta por el socialista Carlos Navarrete, se aprobó castigar con la pena de seis meses a un año de cárcel y multa de hasta nueve millones de pesetas al empresario que, "por imprudencia grave", dejare de facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen una actividad con las medidas de seguridad e higiene exigibles ( ... ), y pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad fisica".

Escándalos económicos

Menos fortuna tuvo IU en la defensa de otras propuestas para endurecer el castigo a los llamados delitos de cuello blanco, "cometidos en el mundo de las sociedades mercantiles, protagonistas del tráfico económico y de algunos de los recientes escándalos, como el caso Banesto", recordó López Garrido. El diputado de IU insistió en que los administradores de una sociedad, cuando falsean "las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad", cometen el delito sin que sea necesario probar que la falsedad pretende "causar un perjuicio económico" como exige el precepto.

López Garrido enfatizó que, dada la dificultad de la prueba, tal delito quedaría en muchos casos impune y los empresarios resultarían injustamente privilegiados. El socialista José María Mohedano se opuso a suprimir la exigencia de intencionalidad con el argumento de que no puede hablarse de privilegio cuando la conducta se penaliza con más pena -de uno a tres años y multa de hasta 36 millones- que el delito genérico de falsedad. Y consoló así al diputado de IU: "No se aflija, que no será tan difícil probar la intención de causar perjuicio".

El pleno del Congreso aprobó ayer un total de 137 artículos relativos a los delitos societarios y contra el patrimonio, el orden socioeconómico, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y la seguridad colectiva. El diputado del PP Mauro Varela lamentó la "carrera desenfrenada" y la "prisa inusitada" con que se debaten preceptos tan. importantes y se quejó al presidente de la cámara, Félix Pons, por dejarle sólo 15 segundos para la defensa de cada enmienda. Las prisas tal vez fueron la causa de que el propio Pons, tras la votación de una enmienda del PNV que obtuvo 294 votos afirmativos, declarara impertérrito: "Queda rechazada".