Senda de noche

Con el Informe semanal de la televisión de Estado uno se siente rejuvenecer. Especialmente cuando los asuntos conciernen a la política española, refulge con brillo propio el enfoque de información reconstituida que los profesionales del No-Do tomaran de sus maestros alemanes. En realidad, no se proporciona información alguna acerca del tema de actualidad en cuestión: se transmiten pura y estrictamente los mensajes del Gobierno, aderezados con imágenes que aparentan objetividad. Así, el pasado domingo, de "las escuchas del Cesid" no aprendimos absolutamente nada. Serra tuvo a bien repetirnos algunas de las cosas que dijo en las Cortes, y el resto fue un retazo de película de espías sin presunción de inocencia, con el coronel. Perote y Mario Conde como protagonistas. La conspiración, un tanto pobretona, estaba servida. Para el funcionamiento del Cesid y la irrelevante captación que motivó el caso, aplicación de la ley de secretos oficiales.Es un prólogo adecuado a la intervención en las Cortes de Felipe González. Realizada en tono severo, muy en hombre de Estado tras la estancia en Cannes, remitiéndose a lo informado (?) por Serra, con la famosa conspiración siempre en la sombra e insistiendo en que todo se encuentra bajo absoluto control. Gracias a ello el portavoz de Convergència i Unió, visto el castigo impuesto a los jefes de la guardia, modera el tono de la intervención anterior. Si la oposición chilla, desprecio, según corresponde a quien se reunió a puerta cerrada con su grupo parlamentario y elude cualquier explicación de asuntos importantes al pleno de la Cámara. Si la cabeza de Borrell no lo impide, se ha alcanzado la meta del semestre europeo, en el cual, al parecer, los procesos electorales están vedados. Luego ya se intentará forzar la supervivencia por el medio que sea.

Felipe González acaba de declarar que será imposible probar la responsabilidad del Gobierno en el último escándalo. Algo parecido dijo ya hace años en relación al asunto GAL, cuando se planteó la búsqueda del señor X.

Es un argumento irreprochable desde el punto de vista lógico, pero nada tranquilizador por lo que toca a las responsabilidades, tanto políticas como estrictamente delictivas. Porque en los dos casos citados, la imposibilidad de demostrar la culpa no se deriva de una investigación exhaustiva, a la que el Gobierno diera toda su colaboración, sino de la actitud contraria: eliminar toda prueba (o el acceso a toda prueba) y, de este modo, evitar el acceso a la verdad. Es otra vez algo que no figura en los manuales de Derecho Constitucional y sí en los argumentos clásicos a lo Dashiell Hammet.

Una estructura de poder garantiza la propia impunidad cerrándose ante el investigador independiente o, como en el caso Cesid, dejando al frente de la investigación -dimisionario en funciones- a quien el sentido común designa como eventual responsable inmediato de las escuchas. Poca cintateca quedará ya a estas alturas. El único peligro es que alguien cante, como siempre sucede en las películas negras y ha ocurrido también ahora. Pero a la última responsabilidad será prácticamente imposible llegar por esta vía. La factura la paga el Estado de derecho. Y la pagan los ciudadanos, con la sensación de moverse en una atmósfera de inseguridad jurídica casi angustiosa, por lo que concierne a los actos de quien se niega a reconocer que los secretos y los silencios dejan de tener sentido cuando los delitos y los muertos son manifiestos.

Como manifiesta son la debilidad y la falta de autoridad de un Gobierno situado bajo tal carga de sospechas razonables. ¿Cómo va a afrontar con rigor la ofensiva de ETA un ejecutivo sobre cuya cabeza gravita la espada de Damocles del caso GAL? Ciertamente, ETA seguiría matando lo mismo y su línea de fascistización no se iba a cortar por la posible (y a mi juicio necesaria) dimisión de Felipe González. Pero otra cosa, sucedería con los apoyos sociales respectivos al terror, y a la paz en Euskadi. No es lícito lucir el lazo azul en la intervención pública donde se justifica el perdón otorgado a dos guardias torturadores. Ha de ser un Gobierno libre de sombras el que afronte la amenaza más grave que hoy se cierne sobre la democracia en España.