Las tres víctimas de la crisis

Nadie podía imaginar hace unas semanas que el eslabón militar fuera el desencadenante de la ruptura de la cadena. Desde hace una década, el Gobierno viene repitiendo que el llamado problema militar es ya una página superada de la historia de España. Hoy, en cambio, la utilización y manejo de los antiguos servicios militares de información se ha cobrado tres víctimas: el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra; el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el director general del Centro. Superior de Información de la Defensa (Cesid), Emilio Alonso Manglano.Poco tienen que ver entre sí los tres protagonistas. Lo único que les ha unido en su reciente destino es la responsabilidad en la que han incurrido por las ilegales escuchas practicadas por los servicios de espionaje.

Serra llegó de rebote al Ministerio de Defensa en diciembre de 1982. En realidad, su aspiración apuntaba al departamento de Economía. El ex alcalde de Barcelona, sin embargo, se introdujo de lleno en su papel de primer ministro socialista al frente del departamento militar. A los pocos meses de llegar a su despacho, más de un general tuvo que recibir clases técnicas de lo que ocurría en su respectivo ejército. Fue su capacidad de estudio, análisis y asimilación la que acabó conquistando el respeto de aquellos viejos militares que seguían viendo con malos ojos que al frente de Defensa estuviera un civil que, encima, no había hecho ni el servicio militar.

Además, Serra logró incrementos muy notables en los presupuestos militares y abordó importantes programas de modernización del material de los ejércitos, como la construcción de los nuevos buques del Grupo Aeronaval o la compra de cazabombarderos F-18. Algún programa de modernización, como la reducción del Ejército de Tierra, le pudo costar disgustos, pero Serra lo solventó garantizando salarios íntegros a los jefes militares que voluntariamente pasaran a la llamada reserva transitoria. En el terreno técnico, por tanto, Serra no encontró problemas de difícil solución.

Vestigios franquistas

Fue en el terreno puramente político en el que más se le criticó desde dentro y desde fuera. Serra tuvo actitudes de condes cendencia a la hora de impulsar proyectos legislativos que acabaran con los vestigios franquistas o iniciativas que taponaran heridas abiertas del pasado. Así, tardó años en quitar a Franco de los escalafones militares o en retirar del uniforme la denominada banda de la victoria.

Igualmente, aplazó la ley que repuso en su lugar a los militares expulsados en su día por pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD). Lo ocurrido en este caso describe el talante de Serra. Los máximos jefes militares se oponían frontalmente a la ley de la UMD y amenazaban con dimitir. Pues bien, Serra la llevó al Consejo de Ministros en el que, como estaba previsto, sustituyó a los jefes de los tres ejércitos. De tal forma, tanto los salientes como los entrantes, se cansaron de decir que ni unos ni otros la habían tragado.

Uno de los proyectos por los que apostó Serra fue la creación de unos modernos y profesionales servicios de información. Para ello, confié plenamente en el general Manglano, nombrado en mayo de 1981, dos meses después de la intentona goIpista del 23-F, por el entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo. A través de él, Serra tenía puntualísima información de quién era quién en los ejércitos, qué coronel no debía ascender a general o qué otro mando había demostrado su fidelidad al sistema democrático. Manglano se convirtió pronto en una sombra de Serra, hasta el punto de que raro era el acto militar de envergadura en el que no estaba presente.

Fue a finales de 1993 cuando surgió la primera alarma de la relación Serra-Cesid y de los trabajos de los servicios secretos. Se supo entonces que ex miembros Y colaboradores del Cesid habían espiado a directivos de La Vanguardia. Meses después, el ya fugado Luis Roldán relacionó a Serra y al Cesid con el Informe Crillon sobre Mario Conde.

A raíz de estos casos, y en contra de lo afirmado por el vicepresidente, todo apunta a que Manglano ha seguido manteniendo a Serra al corriente de todo lo que sabía el servicio secreto. Por el contrario, tanto en Defensa como en La Moncloa se reconoce que el sustituto de Serra, Julián García Vargas, aceptó desde su toma de posesión que el Cesid, aunque dependía de él orgánicamente, seguía a las órdenes de Serra. García Vargas, como señalan sus colaboradores, "no tenía ni idea" de las actividades del Cesid y, por ello, es el auténtico pagano de la crisis.

Cuando en marzó de 1991 llegó a Defensa, García Vargas heredó un departamento totalmente creado -Serra se había encontrado con tantos ministerios como ejércitos- y, sobre todo, apaciguado. Aunque ha impulsado reformas de calado -en el servicio militar o el redespliegue del Ejército-, su etapa hubiera pasado inadvertida sin la participación militar española en misiones de la ONU, y especialmente en Bosnia.

El escándalo del Cesid ha arrollado a sus tres protagonistas cuando menos lo esperaban. Serra seguía contando, aunque cada vez menos, entre los posibles sustitutos de Felipe González. Manglano, tras varios años de prórroga en su puesto, aspiraba a una despedida con todos los honores. García Vargas pensaba ya en reconducir su vida hacia la actividad privada, pero sin una salida tan abrupta de la escena política. Sólo uno o dos ex agentes del Cesid se han llevado a los tres por delante.