La juez imputa al director del Cesid, los delitos de prevaricación, malversación y escuchas ilegales

La juez María Jesús Coronado, titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, ha impuesto una fianza de un millón de pesetas al director, en funciones del servicio secreto Cesid, el teniente general Emilio Alonso Manglano, al que imputa los delitos de interceptación de comunicaciones telefónicas, prevaricación y malversación de caudales públicos.La fianza impuesta por la juez se corresponde con la que solicitó el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, quien abrió una investigación a requerimiento del Gobierno tras estallar el escándalo.. Manglano prestó declaración ante la juez el pasado. miércoles, asistido por un conocido abogado penalista, en relación con las escuchas ilegales realizadas por el Cesid.

El director dimisionario del servicio secreto admitió haber ordenado, en 1984, la creación del Gabinete de Escuchas del Cesid, pero no la intervención de conversaciones de carácter privado, de la que responsabilizó al ex jefe de la Agrupación Operativa del centro, el coronel Juan Alberto Perote Pellón.

Tras la declaración, que duró cuatro horas, Manglano quedó en libertad, aunque tuvo que despositar una fianza de un millón de pesetas. Ayer mismo presentó recurso contra la fianza, por considerar que se trata de una medida excepcional y que no hay ningún indicio de que pretenda eludir la acción de la Justicia. La juez instruye diligencias a raíz de una denuncia del director de la revista Época, Jaime Campmany.

Antes que Manglano, compareció en el juzgado el coronel Perote, quien se negó a declarar alegando que ya lo ha hecho ante la jurisdicción militar, que le ha procesado por un delito de revelación de secretos.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, anunció ayer que la investigación interna realizada por el Cesid en tomo a la grabación de conversaciones privadas y su filtración al diario El Mundo ya ha concluido y que sus resultados, muy detallados, serían entregados anoche o esta misma mañana al presidente del Gobierno, Felipe González, quien hoy comparecerá en el Congreso informar de sus resultados.

Fuentes socialistas indicaron que no cabe esperar revelaciones sobre la "conspiración antidemocrática" que, según el Gobierno, hay tras la difusión de los documentos secretos. "Si hubiera pruebas, no se presentarían ante el Parlamento, sino ante el juzgado", alegaron.