La Administración tendrá que indemnizar por imprudencias de sus funcionarios

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dio su visto bueno y el grupo parlamentario Socialista, por boca del diputado José María Molíedano, admitió ayer en el pleno del Congreso algo a lo que hasta ahora se había resistido: la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones públicas en los delitos cometidos por imprudencia de sus funcionarios y agentes. El acuerdo logrado con IU, PNV y CiU dejó fuera del Código Penal la indemnización subsidiaria por faltas.

Tanto el proyecto del Gobierno como el texto aprobado en la comisión de Justicia e Interior limitaron la responsabilidad civil subsidiaria del Estado y otros entes públicos a los daños causados por autoridades, agentes y funcionarios de tales administraciones cuando sean "penalmente responsables de delitos o faltas dolosos [intencionados]", con lo que quedaba excluida la indemnización por infracciones imprudentes.

Emilio Olabarría, por el PNV, atacó duramente el texto del Gobierno. Rechazó especialmente la exigencia de que el delito cometido sea doloso "en beneficio del fisco y en perjuicio de la sociedad", así como la exclusión de la responsabilidad del Estado por delitos de los funcionarios cometidos sin relación directa y exclusiva con el servicio público.

Por IU, Diego López Garrido acusó de laguna de inconstitucionalidad y de insensatez" a este precepto. Explicó que el retroceso respecto al Código Penal viegente. que admite la responsabilidad del Estado por imprudencia, podrá afectar a futuros casos similares a las catástrofes del aceite de co Iza o de la presa de Tous, en el que las responsabilidades de los funcionarios son por conductas imprudentes.

Fórmula negociadora

Mohedano, que había anunciado en la comisión una reflexión sobre esta materia, ofreció ayer el resultado de la misma, a la que no ha sido ajeno Solbes, y que ha. permitido negociar con IU y CiU una fórmula que aseguró los votos suficientes para aprobar el precepto. Mohedano estimó legítimas las razones presupuestarias, pero señaló que no era un precepto "pro fisco", sino que son razones de política criminal las que llevaron al Gobierno a intentar evitar los abusos de `la vía penal para obtener indemnizaciones del Estado.El diputado socialista volvió por pasiva la argumentación esgrimida por IU de la colza y la presa de Tous y los puso como ejemplo de dificultad para obtener una. indemnización, ya que las víctimas de tales catástrofes siguen sin cobrarla. Finalmente, reconoció la debilidad del proyecto al excluir de la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración pública los delitos culposos o imprudentes y propuso una modificación que incluya también la responsabilidad por, tales delitos.

IU, CiU y PNV sumaron sus votos a los de los socialistas para la aprobación del precepto, sin hacer referencia a la exclusión de la responsabilidad civil por faltas.