Bueren ordenó que se entregasen los féretros de Lasa y Zabala a la familia sin abrir los precintos

El juez Carlos Bueren de la Audiencia Nacional ordenó que los restos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala fueran entregados a la familia para su entierro, pero sin precisar el lugar dónde debía hacerse. La única limitación que impuso fue que las fuerzas de seguridad debían velar para que no se rompieran los precintos de los féretros. Así se lo ha comunicado el juez Bueren al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, al que ha remitido copia de las resoluciones adoptadas en este asunto. Fuentes del Gobierno vasco achacan a esta decisión la responsabilidad de los incidentes.

El juzgado insistió, según el escrito de Bueren, en que "el enterramiento debían realizarlo los familiares de los fallecidos y que no debía tener, en ningún caso, lugar por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni por la policía autónoma vasca".El escrito destaca que a las 17.50 horas del día 20, la Ertzaintza se puso en contacto telefónico con Bueren, que estaba en Santiago de Compostela, únicamente para preguntar si los cadáveres debían ser entregados a los familiares. El magistrado confirmó el extremo y añadió que debían garantizar la no ruptura de los precintos.

Fuentes del departamento de Interior del Gobierno vasco achacaron a las estrictas órdenes del juez la responsabilidad de los sucesos registrados a la llegada de los féretros. "Una orden judicial establece que hay que realizar un determinado trabajo. Un trabajo que sólo puede hacerse de una determinada manera. Si no te dan opciones para realizarlo con más libertad, sucede lo que sucede", dijeron.

El consejero del Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, comparecerá esta semana en la Cámara de Vitoria para explicar los sucesos ocurridos el pasado día 21 en Hondarribia y Tolosa durante el traslado y entierro de los restos mortales de Lasa y Zabala. La presencia en el aeropuerto de Hondarribia de simpatizantes de HB provocó enfrentamientos entre éstos y agentes de la Policía Nacional y la Ertzaintza. En el cementerio de Tolosa los familiares de las dos víctimas del GAL fueron golpeados por agentes de la Ertzaintza cuando se disponían a sacar los féretros para rezar un responso.

El departamento de Interior vasco abrió una investigación al día siguiente para determinar si la acción había sido "correcta y proporcionada". La actuación de los agentes iba dirigida, según un portavoz del departamento, a cumplir las órdenes del juez.