Una transición tranquila

HACE SEIS meses nos preguntábamos en un editorial: "¿Cuándo y cómo se va a cerrar esta etapa de más de dos lustros de Gobierno socialista, cuya agonía parece inevitable y amenaza convertirse ya en la agonía de todos?". La respuesta no admite ya más dilaciones una vez que es bien patente que el pacto de legislatura entre CiU y el PSOE ha agotado su camino. Las duras críticas del portavoz de la coalición nacionalista al vicepresidente, Narcís Serra, por sus responsabilidades en el caso de las escuchas del Cesid, indican que este Gobierno no puede contar ya con su apoyo global para esa pretensión utópica de Felipe González de agotar la legislatura.Sólo resta garantizar el mínimo estropicio. Es necesario convocar lo más pronto posible unas elecciones generales que abran una nueva etapa en la vida política española, y hay que hacerlo evitando que el plazo que transcurra desde ahora hasta la jornada electoral se convierta en una última y arriscada estación del calvario.

El adelanto electoral -que por razones objetivas no sería recomendable durante el semestre de la presidencia europea- no puede producirse como resultado de un gesto conminatorio y amenazante de la oposición ante un Gobierno arrodillado al pie del cadalso, sino en forma de acuerdo civilizado, que debe versar sobre fechas, tareas e incluso actitudes ante algunos casos pendientes que afectan a la estabilidad política e incluso a la seguridad del Estado. Pujol y González serán los agentes iniciadores de ese acuerdo, pero es imprescindible incorporar, cuando menos a Aznar para cerrar las líneas generales del calendario político y electoral.

En tanto se convoquen elecciones es inevitable una remodelación del Gobierno, tras la aceptación de las dimisiones de Serra y García Vargas. El objetivo del nuevo Gabinete debería centrarse en dos cuestiones: el compromiso contraído con nuestros socios europeos de presidir el Consejo de Ministros de la Unión Europea con la eficacia y el ritmo de trabajo que han faltado en las dos presidencias anteriores -la alemana y la francesa- y el esclarecimiento de los escándalos que han asolado la vida política.

La gobernación en un momento como el actual exige, además, el mayor consenso posible sobre la lucha antiterrorista y la elaboración de unos presupuestos necesariamente restrictivos para 1996. Lo mismo cabe exigir de la presidencia de la UE, que naufragará en los escollos de los celos y de las rivalidades partidistas si no hay una actitud positiva por parte de todos. Lo que se juega España en este periodo no es únicamente su prestigio de buen gestor de los asuntos europeos y de socio eficaz, sino cuestiones que afectan directamente a los intereses nacionales. La Conferencia del Mediterráneo, que se celebrará en noviembre en Barcelona, interesa a España antes que a ningún otro país. Como interesa a España el buen funcionamiento del Grupo de Reflexión para la Conferencia Intergubernamental de 1996, que realiza sus trabajos bajo la batuta de un diplomático español y debe situar Ios mojones de la reforma de Maastricht.

Más importante aún es evitar que la agenda política siga permanentemente controlada por un club de grandes delincuentes en constante crecimiento, y que tienen como, elemento común la imputación al Gobierno de los delitos de los que ellos mismos, son acusados. Cierto que el Gobierno es el responsable político de esta espiral de escándalos que ha empezado a socavar la base del Estado, pero la oposición no ha sabido escapar de la demagogia y ha contribuido enormemente a la crispación y a la desaparición del debate, sobre contenidos políticos.

La saña mostrada por el Partido Popular tiene su origen probable en la desconfianza que les inspira González, de quien temen una recuperación inesperada en el último minuto. La contundencia con que se están empleando sus portavoces responde a la sensación de que no hay que dejarle respiro hasta conseguir su rendición incondicional. Esta estrategia puede convertirse en una trampa de elefantes para el partido que con toda probabilidad va a suceder al PSOE en la responsabilidad de gobierno, hasta el punto de verse obligado a trabajar con instrumentos averiados gracias a su propia irresponsabilidad.

La era González toca a su fin. Su partido tendrá que resolver en cuestión de meses la sucesión de quien ha sido su líder indiscutido desde hace más de 20 años. La desaparición de González de la primera fila de la vida política para los años inmediatos aparece incluso como una condición para que se logre un clima de distensión. La clarificación de este punto por parte del partido socialista contribuiría a descargar la electricidad ambiental. Es inquietante el caudal de odio y de desconfianza que se ha ido acumulando entre los dos grandes partidos que ocupan el grueso de los escaños de nuestro Parlamento. La alternancia política no puede ser el fruto de la venganza civil y de enfrentamientos ideológicos y personales. Plantear la sucesión en la presidencia del Gobierno en términos bananeros, como si sólo cupiera elegir entre el poder y la gloria o la cárcel y la ignominia, es despeñarse por la ignorancia y la mala fe de la que hacen gala algunos comentaristas.

El socialismo trató en su día de forma prepotente y cruel a Adolfo Suárez y a la Unión del Centro Democrático. Ahora se encuentra con que la historia le devuelve ciento por uno. José María Aznar; sus consejeros y amigos, deberían meditar sobre ello.