Creada la Europol con la exclusión del Reino Unido

Los Quince lograron anoche adoptar decisión histórica: crear la Oficina Europea de Policía, llamada Europol, para combatir contra el narcotráfico, el terrorismo y la gran delincuencia internacional. No obstante, el Reino Unido interpuso una reserva frontal a que los conflictos entre los Estados miembros que puedan surgir por su puesta en marcha sean dirimidos por el Tribunal de Justicia comunitario, sito en Luxemburgo. No es que el Gobierno de, Major sea reacio a la lucha contra la delincuencia. Simplemente, se niega a renunciar a su soberania judicial nacional aunque sea marginal frente al gran delito. Con esta cláusula de exclusión, u opting out, nació anoche el FBI de la UE.

La reiterada negativa del titular británico de Interior, Michael Howard, a dar esa competencia al Tribunal de Luxemburgo, obstaculizaba reiteradamente la creación de Europol, uno de los objetivos clave de la presidencia francesa para la inminente dumbre de Cannes. La batalla se centró en el artículo 40 del convenio de Europol, que establece quién dirime los litigios interestatales surgidos por la puesta en marcha de Europol. Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con el apoyo de otros países, se mostraban intransigentes en favor de otorgar automáticamente esa competencia al Tribunal de Luxemburgo. Se apoyaban en el ejemplo del Acuerdo de Schengen, que facilita la libre circulación de personas, pero es insuficiente, porque al ser sólo intergubernamental, no otorga a ninguna institución judicial la competencia última de control.

Londres se resistía fieramente, invocando otro artículo del tratado -el K-3-, según el cual la transferencia de ese control no es automática, sino optativa. La herida supuraba por donde siempre: los integracionistas esperaban que la acción del Tribunal sea común en la práctica la política policial, gracias a sus efectos expansivos; los escépticos se cerraban en banda ante lo que consideraban una escapatoria erosionadora de la soberanía naciónal clásica. Aunque ésta no sirva para afrontar las grandes redes criminales transnacionales, de lo que se olvidan.

La presidencia francesa, apoyada por España, ofreció un intentó de síntesis. Según éste, los litigios entre Estados se examinarían primero en el Consejo. Sólo en caso de desacuerdo, al cabo de seis meses y con el doble requisito de que lo solicitasen los Estados litigantes y que la decisión se tomase por una mayoría reforzada de dos tercios, el asunto pasaría al Tribunal.

Cerca de la medianoche se llegó al acuerdo. Insuficiente por que no instaura un espacio policial a quince. Sustancial, porque podrá hacerlo, con suerte, a catorce En síntesis, se acepta parcialmente la propuesta francesa. Los litigios entre Estados serán primero examinados por el Consejo (en lo que todos estuvieron de acuerdo). Si al cabo de un se mestre el Consejo no puede re solver el conflicto, éste será en juiciado por el Tribunal, salvo si afecta al Reino Unido.

La firma, en Cannes

El compromiso, cogido con alfileres -y sobre cuyo desarrollo reglamentario los países nórdicos pidieron precisiones- debe ser firmado el día 27 en Cannes. Se espera que los 14 lo ratifiquen.

Europol nace pues con una pequeña cojera. Pero nace configurada. Esta oficina dirigirá la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico "y otras formas graves de delincuencia internacional" que afecten a dos o más Estados miembros de la UE y de un alcance tal que "requieran una actuación común de los Quince".

El FBI de la UE estará compuesto de una. serie de "unidades nacionales" que unirán mediante los "oficiales de enlace" a las policías de los Quince con la propia Europol, y de un organisinó central ubicado en La Haya.

El convenio prevé la creación de un gran sistema de información, accesible únicamente a los funcionarios del sistema y sólo en determinados casos e indirectamente a los ciudadanos afectados; un índice del mismo; y unos "ficheros de tía bajo" para el análisis policial. El control del monstruo controlador está en principio garantizado por su respeto dé los convenios internacionales de protección de datos.