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LA CRISIS DE LAS ESCUCHAS

El juez militar procesa y encarcela a Perote

La investigación del Cesid revela que el ex agente realizó escuchas ilegales y no las destruyó

El coronel Juan Alberto Perote fue encarcelado pasadas las tres de esta madrugada por un presunto delito de revelación de secreto en relación con las escuchas ilegales del Cesid. Al cumplirse el límite de 72 horas de plazo legal, el tiras del Juzgado Central Militar número 1, Jesús Palomino, Yébenes, dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra el ex jefe de la agrupación operativa del servicio secreto tras interrogarle dos horas. La investigación del Cesid considera al coronel responsable de la realización de escuchas ilegales y la difusión de su contenido. Si esta acusación prospera, Perote también sería imputado ante los tribunales ordinarios por violación del secreto de las comunicaciones. El abogado defensor de Perote, Jesús de Santaella, aseguró que recurrirá el auto de procesamiento y prisión que, en,su opinión, "no resiste el más mínimo análisis desde el punto de vista que marcan las exigencias de la Constitución".

El juez acusa a Perote del delito de revelación de secreto (artículo 53 código Penal Militar), en relación el artículo 54 (que agrava la pena al estar cometido en virtud del cargo que se ocupa y por la difusión pública). La pena prevista oscila entre seis y 10 años de cárcel.Perote comenzó su declaración a las diez de la noche y terminó a medianoche. Hasta las 3.05 de la madrugada permaneció en el juzgado a la espera del auto de procesamiento y prisión.

Los resultados de la investigación interna realizada por el Cesid ya han sido entregados al Gobierno y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, por el director dimisionario del centro, el teniente general Emilio Alonso Manglano.

Éste reconoció ante el fiscal, en la tarde del pasado lunes, que fue suya, la orden de poner en marcha en 1984 el gabinete de escuchas desde el cual, mediante un potente escáner, se exploraba el espacio radioeléctrico y se interceptaban y grababan conversaciones por telefonía móvil, en el convencimiento de que no se trataba de una actividad ilegal. El director en funciones nego, sin embargo, haber ordenado que se espiara a determinadas personalidades de la vida pública española.

La versión del Cesid, inculpatoria para Perote, se basa en que el gabinete de escucha desde el que se realizaba la interceptación grabación de conversaciones telefónicas dependía, durante la época en que se produjeron las escuchas, del jefe de la agrupación operativa de misiones especiales, Juan Alberto Perote.

El coronel era uno de los mandos del servicio secreto con capacidad para "discriminar" qué convensaciones debían ser interceptadas y grabadas y cuáles no, en función de su interés para las funciones del centro, relacionadas con la seguridad y defensa nacional. En segunda instancia, según el Cesid, era competencia de Perote la destrucción de todas aquellas grabaciones que, por su carácter privado, carecieran de utilidad para el servicio.

El coronel ahora encarcelado, en consecuencia, habría violado por partida doble las reglas internas del centro, al grabar indebidamente conversaciones ajenas a sus objetivos y al no destruirlas luego. Ello con independencia de si las sustrajo y las hizo llegar al diario El Mundo a través del ex banquero Mario Conde, lo que es objeto de una investigación aparte.

Grabación al Rey

Emilio Alonso Manglano, del que dependía directamente Perote, sólo habría conocido algunas de las grabaciones realizadas, corno la que afectaba al Rey, que se puso en conocimiento del Monarca para que tomase las máximas precauciones al hablar a través de un teléfono móvil.

Según la versión del Cesid, en la mayor parte de los casos, el teniente general Manglano habría sido ajeno a las actuaciones ilegales de su subordinado, lo que atenuaría su responsabilidad penal, aunque no de la cuota de culpa correspondiente por no haber evitado estos hechos.

Los resultados provisionales de la investigación del Cesid son radicalmente contrarios a la explicación ofrecida por el propio Perote, quien en sus múltiples manifestaciones públicas antes de ingresar en prisión en la madrugada del pasado domingo siempre sostuvo que todas las actividades que realizó fueron ordenadas incluso por escrito por el director, al que luego rendía informes exhaustivos, y aseguró que en el servicio no son posibles iniciativas privadas" o incontroladas.

La versión del Cesid se apoya, entre otros datos, en el listado de grabaciones telefónicas publicado el pasado 13 de junio por el diario El Mundo: no se trata de un documento oficial, sino de un registro manuscrito cuya confección fue ordenada por el propio Perote. Así lo ha declarado su autor, un sargento ya separado del centro que se puso en contacto con el Cesid para explicar la situación cuando lo vio publicado en los medios de comunicación. Precisamente ayer declararon ante el juez militar un sargento del Cesid y otro suboficial cuyas indentidades no fueron facilitadas.

Independientemente de su resultado, la apertura de dos procedimientos judiciales, uno militar y otro ordinario, en relación a las escuchas ilegales ha causado honda preocupación en el centro. "Habrá que mantener un difícil equilibrio entre la investigación judicial y la reserva necesaria" afirma un responsable militar, sin mucha esperanza de que el servicio secreto no sufra la consecuencia de una exposición pública excesiva.

Durante la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso del pasado jueves, el vicepresidente, Narcís Serra, y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, explicaron que los informes del Cesid sobre los países árabes o el narcotráfico tienen un precio en el mercado negro.

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, que había sido citado, a propuesta de la defensa de Perote, manifestó al terminar su declaración, de media hora de duración, que no fue el coronel quien facilitó los documentos a su diario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de junio de 1995