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LA CRISIS DE LAS ESCUCHAS

Manglano, admite haber ordenado grabar conversaciones privadas, según el fiscal general

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, reveló ayer a la SER que el todavía director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, admitió haber dado las órdenes de grabar conversaciones privadas sin autorización judicial. Granados declaró que "si se acreditase que esas órdenes procedían de otras esferas, indudablemente la responsabilidad también se extendería [a ellas]; serían, también partícipes en un hecho delictivo". Preguntado por EL PAÍS sobre si las nuevas peticiones socialistas de destitución podrían conducirle a dimitir, el fiscal del Estado c ontestó que su única respuesta será "seguir trabajando".

La información facilitada por Manglano al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, revela, según Granados, que el director del Cesid ordenó las grabaciones, entendiendo "que estaba actuando lícitamente". Esta creencia no excluye, en principio, la responsabilidad penal de Mángla no, según el fiscal general, para quien tanto los que interceptaron las comunicaciones privadas, como los que las ordenaron son "partícipes en un hecho delictivo".

Granados admitió, tras conocer nuevos datos aportados por Manglano, que "la intervención de la jurisdicció n militar [que en la madrugada del domingo detuvo al coronel Juan Alberto Perotel es acorde a derecho", porque cuando un militar revela información que afecta a la seguridad nacional, esa conducta entra dentro de la, jurisdicción militar.

Delito base

Para Granados, el delito base de este caso es la grabación de las conversaciones, en cuanto están en juego derechos constitucionalmente amparados y reconocidos, como es la intimidad de las personas y el secreto de las comunicaciones". En cuanto a la conducta de Perote que investiga la jurisdicción militar, Granados considera que, por el momento, la revelación de información sensible para la defensa nacional y clasificada como secreta -cuyo contenido se desconoce- es una conducta diferente a la que investiga la fiscalía de Madrid, que tiene instrucciones de llegar hasta el final del caso".

Fuentes del Ministerio de Justicia e Interior justificaron, por su parte, la actuación de la jurisdicción militar en la inexistencia de una investigación judicial, ya que las indagaciones en marcha desde el 13 de junio las lleva a, cabo la fiscalía. La investigación de la fiscalía de Madrid sobre el caso Cesid tendrá que detenerse cuando la autoridad judicial admita a trámite alguna de las querellas formuladas por las escuchas,. como la presentada por el periodista Jaime Campmany, que ha correspondido a la juez de instrucción de Madrid María Jesús Coronado.

Si la querella es admitida a trámite, la información de la fiscalía pasará al juzgado y, a partir de ese momento, el fiscal investigará en colaboración con la juez.

En cambio, la iniciación de una causa judicial por la jurisdicción militar, por denuncia de Manglano, no ha paralizado la investigación del fiscal de Madrid, porque se trata de "historias distintas", según fuentes fiscales. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, que inauguró ayer una reunión con los presidentes de audiencias provinciales, avaló la actuación de la jurisdicción militar, "porque está actuando", dijo, "por un delito estrictamente militar".

Sala consideré a la jurisdicción ordinaria "la única competente" para investigar las grabaciones ilegales de conversaciones privadas, al margen de que en el futuro pueda descubrirse la conexión entre los delitos que investiga la justicia militar y la ordinaria "y resulte, en definitiva, la jurisdicción ordinaria la única competente porrazón de esta conexión de delitos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de junio de 1995