Moltó niega haber aconsejado sustituir los equipos de IBM

El secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó, quiso. ayer aflojar la presión en el pulso que mantiene con la multinacional informática IBM, a raíz de la decisión de ésta de vender su única planta productiva en España, situada en La Pobla de Vallbona (Valencia). Moltó negó haber aconsejado, en una carta dirigida a varios organismos públicos, que se sustituyan los equipos de IBM por otras marcas, y aseguró. que se había limitado a pedir información sobre el grado de dependencia que los centros oficiales tienen de esos productos.En la polémica carta, Moltó lamentaba que IBM hubiera decidido abandonar su producción en España, y señalaba: "Esta conducta debe exigir un mínimo de racionalidad por nuestra parte, sobre todo en el mantenimiento de equilibrios mínimos referidos a la demanda ínstitucional". El secretario de Estado de Industria indicó ayer que "España es un país soberano" y está, por tanto, legitimado para solicitar información de este tipo. Luego añadió: "Cuando se recibe información, se estudia".

Moltó hizo estas declaraciones al término de una reunión en la que informó a representantes de los sindicatos mayoritarios sobre la reestructuración del sector público aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Raimundo Fisac, secretario de política industrial de CC OO, y Antonio Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, expresaron su malestar por no haber sido consultados por el Gobierno sobre ese asunto.

Moltó intentó tranquilizar a los sindicatos asegurándoles que el plan de reordenación es "neutral en términos sociales, políticos y econornicos" y que Su departamento considera "decisivo" el papel de la empresa pública en la política industrial.

Control público

La ejecutiva confederal de UGT reaccionó con prontitud emitiendo un comunicado en el que exigía un "compromiso del Gobierno" que garantice que el Estado seguirá controlando la gestión de las empresas afectadas por procesos. de privatización. La central propone que' los sindicatos estén representados en los consejos de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de la Agencia Industrial, que constituyen la nueva configuración del sector público industrial.Para UGT, es preocupante que la nueva sociedad estatal asuma la totalidad de la deuda del INI, "enfrentándose con la problemática amortización posterior de ésta". Aunque admite que es necesaria una mayor facilidad para la gestión empresarial, insiste en que se requerirá más información y participación de los sindicatos.

El temor de las centrales es que detrás de la reordenación del sector, público -cuya "neutralidad" admiten en principio- se esconda una estrategia que facilite la venta o liquidación de empresas. Esto, y no la nueva estructura financiera, es para ellos "lo verdaderamente importante y, a la vez, preocupante".