Un juez investiga a seis dirigentes del PP balear por el cobro de comisiones
Seis altos cargos del Partido Popular de Baleares tres consejeros regionales, dos presidentes y una diputada insulares se hallan implicados en una investigación judicial por el presunto cobro de 50 millones de pesetas en comisiones ilegales, libradas por Antonio Cuart, concesionario de la mayor obra del archipiélago, el túnel de Sóller. "Todavía no existen elementos fundamentales para la acusación. Falta buscar un nexo entre el cobro y la obra, y determinar el conocimiento de los políticos sobre el origen de los fondos que recibieron", explicó ayer un portavoz judicial.
El resultado de la investigación, realizada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca, se elevará al Tribunal Superior por ser aforados los implicados. El Tribunal Superior investiga al Gobierno balear por una presunta prevaricación continuada en la concesión del túnel. El caso de las comisiones, ligado a los delitos de presunta estafa, falsedad y apropiación indebida de los que se acusa al concesionario, no está cerrado. Imprentas, agencias de publicidad y pastelerías que trabajaron en la campaña del PP percibieron, presuntamente, fondos ilegales. El líder del PP balear, Gabriel Cañellas, que no está entre los relacionados, dijo anoche: "No hemos conculcado ninguna norma legal".
