Defraudar a Hacienda menos de 15 millones no constituirá delito

El Congreso aprobó ayer la nueva regulación del delito fiscal en el Código Penal, que eleva a 15 millones de pesetas la cuantía mínima para que un fraude a Hacienda sea considerado como delito. Ese límite había permancido en cinco millones desde que se estableció en 1985. También se introduce la llamada "excusa absolutoria", por la que quedarán exentos de sanciones aquellos defraudadores que regularicen su situación fiscal voluntariamente antes de ser llamados por la inspección.

El texto fue aprobado con los votos del PSOE y de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. El PP se abstuvo, e IU votó en contra. El diputado del PP Juan Costa justificó la abstención de su grupo alegando que la ley no distingue entre los diversos tipos de impuestos, y que el actual modelo, fiscal "genera y favorece elevados niveles de fraude". Ramón Espasa, de IU, afirmó que la nueva regulación supone que, para ir a la cárcel, hay que ganar un mínimo de 48 millones al año, porque de otro modo no es posible defraudar 15.

La excusa absolutoria se hace extensiva a los delitos contra la Seguridad Social, a las falsedades contables, subvenciones indebidas y a los contribuyentes que en 1991 convirtieron sus pagarés del Tesoro en Deuda Pública Especial.

El hecho de que la nueva regulación pudiera beneficiar al ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio -acusado de haber defraudado a Hacienda unos seis millones de pesetas en 1988- fue precisamente lo que motivó que el Gobierno renunciara a subir el límite de cinco millones, cuando remitió al Congreso el proyecto de ley, según reconoció ayer la coordinadora de economía del PSOE, Mercedes Aroz. Diversos parlamentarios han considerado, sin embargo, que el nuevo texto no puede regirse por consideraciones sobre la situación de una persona.

Intensa negociación

Las modificaciones se introdujeron finalmente en el Senado, pero ya sin el apoyo del PP. Los populares estaban de acuerdo en fijar el mínimo en 15 millones, pero pretendían además que no hubiera delito cuando la cantidad defraudada fuera inferior al 20% de lo que debiera haber sido ingresado. Tanto Economía como diversos juristas consideraron que ese requisito haría la figura delictiva difícilmente aplicable.El diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre dijo ayer en el pleno que la excusa absolutoria era "de sentido común" ya que, según él, resultaría absurdo y costoso perseguir una infracción que ya ha sido regularizada, como ha ocurrido en algunos casos. El portavoz del PNY, Emilio Olabarría, opinó que el nuevo texto está "bien concebido" y Lorenzo Olarte, de Coalición Canaria, aseguró que la ley ayudará a luchar contra el fraude.