Evaluación de las perspectivas lnflacionistas

Las medidas de política económica para luchar contra la inflación deben tomarse con prontitud, en el momento en que se consolidan ciertos indicios de que las expectativas inflacionistas pueden estar en alza. Desde este punto de vista, la subida de 75 puntos básicos en el tipo de interés de referencia adoptada el pasado día 2 de junio por parte del Banco de España no es ciertamente cuestionable.Parece también poder afirmarse que, en un contexto de inflación al alza, la adopción inmediata de medidas antiinflacionistas va a ser menos costosa en términos de crecimiento y empleo que el conjunto de medidas que en momentos posteriores serán necesarias para conseguir los mismos efectos sobre la inflación. En este sentido, las medidas tomadas por el Banco de España podrían haberse adoptado anteriormente. Varios observadores independientes, incluido uno de los autores de este artículo a través de la publicación mensual Boletín IPC, habían alertado en esta dirección hace ya varios meses, poniendo en evidencia que la probabilidad de alcanzar el objetivo de inflación a principios de 1996 era pequeña en ausencia de intervenciones inmediatas.

Desde este punto de vista, la falta de medidas monetarias y fiscales adicionales desde el 14 de marzo hasta el 2 de junio ha podido interpretarse por los agentes económicos como indicio claro de que a las alturas del año en curso y con sólo la actuación del Banco de España no se al canzarían los objetivos de una inflación no superior al 4% a principios de 1996. Si, como es probable, tales expectativas se han ido trasladando a cláusulas de indiciación de pagos y rentas, las medidas monetarias para reducir la inflación van a tener una duración e intensidad mayores que si se hubieran implantado antes.El momento en el que se adoptan ciertas medidas de política económica no es un factor irrelevante en su eficacia, y por esta razón, la utilización apropiada y eficiente de la información estadística disponible, de los instrumentos econométricos y de la teoría económica para proporcionar un debate abierto y discusión pública sobre la evolución de la economía parecen cruciales.Señalado este aspecto temporal, es oportuno considerar la verdadera cuestión de fondo. En un trabajo recién publicado, Diagnóstico de la economía española, realizado por los profesores Carlos Escribano, Juan Urrutia y los autores de este artículo, no se insistía solamente sobre las firmes señales inflacionistas y sobre el previsible incremento de los tipos de interés por parte del Banco de España, sino también sobre la imprescindible necesidad de medidas antiinflacionistas adicionales.

Estas otras medidas -en nuestra opinión, tal vez más cruciales que las que el Banco de España, por su propia competencia y función, pueda y deba tomar- son de responsabilidad directa y específica del Gobierno.

En el Diagnóstico en cuestión se alertaba sobre la naturaleza estructural de los dos problemas más graves de la economía española, la inflación y el paro, determinados por un conjunto de causas comunes. En lenguaje simple, la situación de la economía española en los últimos años se podría resumir diciendo que un diferencial sistemáticamente positivo de inflación respecto a los principales países europeos. genera una pérdida de competitividad que lleva a una reducción del crecimiento y a una mayor tasa de paro. Las causas del mencionado diferencial hay que situarlas en tres frentes concretos: la elevada tasa de crecimiento y la composición del gasto público, la ineficiencia de un sector de servicios protegido y excesivamente regulado y las rigideces y segmentaciones del mercado de trabajo.

El excesivo gasto público genera inflación debido al hecho de que los mercados interpretan que va a ser imposible cubrir dichos gastos con una mayor presión fiscal. Al mismo tiempo, la concentración de los presupuestos públicos en gastos y transferencias corrientes incrementa la demanda de consumo en detrimento del ahorro y de una mayor inversión en infraestructuras productivas y capital humano.La falta de competencia interna y las consiguientes ineficiencias del sector de servicios, sean éstos privados o públicos, genera en el mismo unos niveles de inflación superiores a la inflación que experimentan los bienes comercializados en mercados abiertos a la competencia internacional. Este mayor crecimiento en los precios de los servicios supone, por un lado, una presión en los costes del sector competitivo, y por otro, una reducción de su propia demanda. Ambos factores actúan en contra del crecimiento económico y de la reducción del paro.

Finalmente, los costes laboras unitarios experimentan una evolución desfavorable respecto a los países competidores debido en gran parte a la falta de movilidad funcional, sectorial y geográfica del factor trabajo.

El mantenimiento de las condiciones anteriores es un tema fundamentalmente político. En consecuencia, se requiere ante todo la voluntad y visión políticas de largo plazo para la adopción de las reformas estructurales que se necesitan para el crecimiento estable de la economía española.

Estas medidas, individualmente consideradas, empezarían a tener efecto solamente a medio plazo, pero es importante entender que la decisión de llevar a cabo un conjunto amplio de tales reformas produciría un cambio drástico en las expectativas de los agentes internos y en la percepción del futuro de la economía española por parte de los inversores internacionales. Estos cambios de expectativas tendrían efectos positivos inmediatos reduciendo las presiones inflacionistas, aumentando la movilidad de los factores, la capacidad de ahorro interno y la inversión extranjera.La lista de medidas es amplia, pero muchas de ellas son de implantación rápida, como las siguientes: introducción de un sistema de remuneración salarial para los funcionarios públicos que premie el mérito y la productividad individual; privatización de empresas cuya propiedad pública carece de justificación y privatización y desregulación de otras cuya condición de monopolio público impide la provisión eficiente de servicios a costes comparables a los niveles internacionales (por ejemplo, Telefónica); reducción del horizonte temporal del subsidio de paro en favor de mayor gasto en la formación y readaptación profesional del parado, por ejemplo, la conversión de programas de subvención asistencial, como el Plan de Empleo Rural, en planes de formación y movilidad laboral.

Antoni Espasa es catedrático de Econometría, Fundación Universidad Carlos III de Madrid; Michele Boldrin es catedrático Marc Rich de Negocios, Universidad Carlos III de Madrid.