La justicia chilena estrecha el cerco a miembros de la policía de Pinochet
En dos diferentes resoluciones adoptadas en la noche del martes, la Corte Suprema chilena estrechó cerco contra los ex miembros de la policía política de la época de Pinochet (DINA). Una sala del tribunal rechazó la petición de la defensa del general retirado Manuel Contreras, el ex jefe de la DINA, de nulidad del fallo que lo condenó por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier, y otra sala revocó la libertad bajo fianza de los dos ex agentes procesados por el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria.
Contreras, condenado a siete años de cárcel por la muerte de Letelier, ha usado todas las vías para dilatar el cumplimiento de la sentencia. La apelación que le rechazó la Sala Cuarta de la Corte Suprema era un recurso extremo: pretendía que el mismo tribunal que lo condenó declarara nula su sentencia por vicios de forma y fondo.La resolución de los magistrados declaró de manera unánime que es inadmisible la apelación de Contreras y envió el expediente del caso al juez instructor, Adolfo Bañados, quien ordenó ayer la ejecución del fallo.
Entre tanto, el ex jefe de la DINA, junto con tres de sus hijos, espera que llegue la policía civil a su finca El viejo roble, situada en Fresia, mil kilómetros al sur de la capital, manteniendo el suspenso sobre su reacción.
Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema revocó por tres votos contra dos la libertad bajo fianza que el juez Eleodoro Ortiz había concedido al coronel Guillermo Salinas y al suboficial José Ríos, ambos en retiro, procesados por el asesinato del español Carmelo Soria.
De los tres magistrados que inclinaron la balanza, dos dijeron que la libertad de los procesados "constituye un peligro para la seguridad de la sociedad". Basaron su voto en la naturaleza y gravedad del crimen, la nacionalidad española de Soria, que fuera un funcionario de la ONU y el hecho de que Salinas y Ríos no han estado privados de libertad en el proceso.
Un tercer magistrado votó en el mismo sentido, pero por una razón formal: el incumplimiento de la notificación personal del auto de procesamiento. El abogado defensor del coronel Salinas criticó la resolución y dijo que ésta "podría exceder lo jurídico y estarían jugando otros factores para interpretar las normas o para aplicar justicia en este país". Soria fue asesinado por miembros de la brigada Mulchén de la DINA en 1976.
