El juez pregunta al Supremo quién juzga a los no aforados del 'caso Osakidetza'

El juez de Vitoria Gregorio Álvarez, instructor del caso Osakidetza -fraude en las oposiciones a la sanidad pública vasca en 1990- no se considera competente para decidir una segregación del sumario para que los 11 imputados no aforados sean juzgados en una instancia, y el diputado socialista y número dos de la ejecutiva del PSE, José Luis Marcos Merino, en el Supremo. Álvarez ha remitido por segunda vez todas las actuaciones al alto Tribunal al estimar que "sería una invasión de sus competencias" decidir sobre la partición. Además solicita a la Sala Segunda del Supremo que llame a declarar a Marcos Merino, porque él, por impedimento legal, no puede citarlo ni como imputado ni en calidad de testigo.El juez cree que existen indicios para acusar a Marcos Merino como presunto "encubridor de un delito de falsedad do cumental". El diputado seguirá en la ejecutiva del PSE-PSOE mientras no exista una sentencia condenatoria firme contra él. Su secretario general, Ramón Jáuregui, descartó el miércoles destituirlo de su cargo. Merino abandonó ese puesto la primera vez que el Supremo analizó las diligencias y fue res tituido en enero cuando las diligencias fueron devueltas al juez porque estaban "poco maduras".

El caso Osakidetza fue el intento de colocar de manera fraudulenta a unas 250 personas próximas al PSE y a la UGT por el procedimiento del cambiazo de exámenes. El fraude se fraguó en paralelo a la preparación de la mayor oposición pública vasca convocada en 1990. Se ofrecían 2.500 plazas de 11 especialidades para personal no sanitario y 8 para personal sanitario. A las pruebas se presentaron unas 50.000 personas, que hicieron 90.000 exámenes, ya que algunos de ellos podían presentarse a varias especialidades.

En opinión del juez, Marcos Merino se entrevistó en Madrid con el director de la empresa correctora de los exámenes, Euro Appraisal, para elaborar una estrategia de confusión con el fin de evitar que se descubriera el fraude.