El Tribunal Superior de Baleares abre diligencias contra el Gobierno insular

El Tribunal Superior de Baleares abrirá diligencias previas para determinar si el Gobierno insular, del PP, actuó desde 1988 de manera injusta e ilegal en la concesión y prórrogas de las obras y explotación privada del Túnel de Sóller (Mallorca). La obra pública fue adjudicada al empresario Antonio Cuart, socio del presidente balear, Gabriel Cañellas, en la Salinera Española. Cuart está acusado en otros dos sumarios por falsedad documental y apropiación indebida por su gestión en el túnel.Una anterior denuncia judicial del PSOE fue archivada en febrero por el fiscal jefe, Antonio de Vicente, por entender que el posible delito había prescrito. Una comisión parlamentaria de estudio sobre este caso, desarrollada en septiembre de 1994, se cerró sin atribuir responsabilidades políticas. La mayoría del PP, con el voto de un tránsfuga, controló las investigaciones.