Penas de hasta seis años de cárcel para los piquetes y los empresarios violentos

El futuro Código Penal castigará con hasta seis años de cárcel tanto a los piquetes violentos como a los empresarios que perjudiquen a los trabajadores mediante violencias, amenazas, engaños o abusos. Otra novedad aprobada ayer por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados es el delito ecológico, castigado con hasta cuatro años de prisión y con 12 años de inhabilitación para los funcionarios que lo favorezcan. También se regulan los delitos societarios, los llamados de cuello blanco.

En la sesión de la mañana se aprobaron 46 artículos, relativos a las irregularidades en las subastas públicas, delitos contra los derechos de los trabajadores o cometidos por piquetes violentos y delitos societarios, entre otros. Una enmienda de IU, aprobada por unanimidad, impone a los subasteros, por alterar los precios de. las subastas públicas de bienes o alejar de ellas mediante amenazas a los postores, además de uno a tres años de cárcel y multa de hasta 36 millones de pesetas, previstas en el proyecto del Gobierno, "inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años".En los delitos contra los derechos de los trabajadores, una novedad importante, fruto de la negociación entre PSOE e IU, es el aumento hasta seis años de cárcel de la pena para quienes, "mediante violencia, amenaza, engaño o abuso de situación de necesidad impusiesen a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".

Con las mismas penas se castigará a los que, por los mismos medios, "impidieran o limitaran el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga", así como a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar huelga". Las nuevas penas, de seis meses a seis años de cárcel y multa de hasta 18 millones de pesetas, sustituirán a las vigentes de hasta seis meses de arresto y multa de hasta dos millones.

Una innovación del futuro Código Penal, los delitos societarios o de cuello blanco, fue muy elogiada desde la izquierda, mientras que el PP, que la aceptó en cumplimiento de una directiva de la UE, se preocupó de equiparar las sociedades mercantiles con las cooperativas y demás sociedades. Por el PSOE, José María Mohedano aprovechó las enmtiendas admitidas al PP para pedirle que abandonara su voto abstencionista en los artículos con los que está de acuerdo. La petición fue atendida y el PP, por primera vez desde que se inició el debate del código en comisión, votó afirmativamente los últimos siete artículos de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Mayores diferencias se produjeron entre PSOE e IU sobre estos delitos. El artículo 292 finalmente aprobado castiga con pena de uno a tres años de cárcel y multa de hasta 18 millones a "los administradores de hecho o de derecho, de una sociedad mercantil o cooperativa que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero".

En materia ecológica, el nuevo código castigará con penas de uno a cuatro años de cárcel y multas de hasta 36 millones a quienes provoquen o realicen "emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres marítimas o subterráneas" con grave perjuicio ecológico. Los funcionarios que favorezcan estas conductas serán castigados con hasta un año de cárcel y hasta 36 millones de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho a 12 años.