PSOE y CiU unen sus votos para dificultar que la administración indemnice por delitos de sus agentes

La Administración pública será difícilmente condenada a indemnizar por los daños causados por los delitos de sus funcionarios y agentes si prospera el artículo 121 del Código Penal, en la redacción aprobada ayer por la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, con los únicos votos de PSOE y CiU, la abstención del PP y el voto en contra de IU y CC. Los casos de la colza y la presa de Tous -en los que todavía están pendientes las indemnizaciones a los afectados- fueron in vocados por el diputado de IU Diego, López Garrido, que fracasó en su intento de facilitar la responsabilidad civil subsidiaria de los entes públicos. Por el PSOE, José María Mohedano reconoció lo polémico del asunto y prometió fórmulas de acercamiento.

La comisión parlamentaria -que aprobó ayer 49 artículos y prevé sesiones intensivas la próxima semana para terminar el debate sobre los 627 con que cuenta el Código Penal- tuvo como tema estrella la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, que ya lo fue en relación con el frustrado proyecto de código elaborado en 1992 por el entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo. Todos los grupos reconocen el avance experimentado por el proyecto de su sucesor Juan Alberto Belloch, aunque el propio grupo socialista admite las deficiencias del texto a debate.El precepto dice así: "El Estado, la comunidad autónoma, la provincia, la isla o el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de delitos o faltas dolosos [intencionados], cuando éstos sean autoridad, agentes de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones y en el cumplimiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, si resulta probada la relación directa y exclusiva entre su conducta y el servicio público de que se trate, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios, exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indenmizatoria. Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agente de la misma o funcionario público, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario".

Jurisprudencia de doble filo

López Garrido, por IU, criticó con dureza que el precepto excluya de la responsabilidad civil subsidiaria de los entes públicos los delitos culposos o cometidos por negligencia y mencionó los casos de la intoxicación con aceite colza y la rotura de la presa de Tous. También criticó la exigencia de una relación "directa y, exclusiva" entre la conducta del funcionario y el servicio público. En apoyo de su tesis invocó la "jurisprudencia pacífica del Tribunal Supremo", que admite tal responsabilidad pública. La mención de la jurisprudencia, fue aprovechada por Mohedano para, en nombre del PSOE, recordar a IU que es "un arma de doble filo en manos de los legisladores, obligados a veces a crear un derecho que la modifique".Mohedano pidió a la comisión que no se dejara llevar "por espejimos", dijo, "porque la vía penal no siempre es el camino más adecuado para obtener indemnizaciones por las conductas de los funcionarios del Estado". Invocó a su vez los casos de Tous y del aceite de colza para mostrar que, a pesar de la jurisprudencia favorable a las indemnizaciones, "la realidad es que no se ha solucionado", y añadió que en el caso Nani el Supremo negó la responsabilidad civil subsidiaria. En todo caso, reconoció las deficiencias del precepto, ofreció futuras fórmulas de acercamiento y pidió reflexión a todos los grupos. Por el PNV, Emilio Olabarría propuso, sin éxito, la supresión del precepto, que consideró "impresentable, por el intento de exonerar de responsabilidad civil subsidiaria a las Administraciones públicas". En cambio, una enmienda de CiU, por la que se amplía tal responsabilidad civil a las conductas de los contratados por los entes públicos, fue aceptada por el PSOE, que negoció el voto de este grupo y se aseguró la aprobación del precepto.

Sometida a votación la enmienda de IU -que extiende la responsabilidad subsidiaria a las conductas negligentes de los funcionarios y a la utilización por ellos de los medios que se le han confiado-, sólo fue apoyada por Coalición Canaria (CC). Los votos unidos de PSOE y CiU la rechazaron, con la abstención del PP. En los pasillos del Congreso se vinculó la débil oposición del PP en esta materia con sus nuevas responsabilidades públicas y sus expectativas de alcanzar el Gobierno de la nación.