La financiación política ilegal en Francia salpica al primer ministro Juppé
El nombre del primer ministro francés, Alain Juppé, aparece, según el diario Libération, en un asunto de falsas facturas y financiación política ilegal. "1,8 M en Suiza, para Juppé" reza el papel en manos del juez Assonion. Ese "1,8 M" equivale a unos 40 millones de pesetas que fueron depositados en una cuenta en Suiza por Robert Bourachot, un empresario especializado en conseguir obras públicas.
El titular de la cuenta suiza es un tal Bunger, que ha confirmado haber "aceptado recibir" en una de sus cuentas, en octubre de 1991, "una suma de 460.800 francos suizos que luego fueron depositados en una fundación de nombre Seamarag especializada en inversiones. El dinero fue después a Vaduz, en Liechtenstein, y más tarde a las Bahamas". En 1991, Alain Juppé era secretario general del gaullista RPR y la Seamarag aparece en repetidas ocasiones canalizando dinero hacia el partido. El Gabinete de Alain Juppé dice que "ninguno de los protagonistas ha cuestionado personalmente a Juppé, al que no se puede relacionar, ni poco ni mucho, con ese asunto".Las desgracias nunca vienen solas, ya que al mismo tiempo Juppé se ha visto obligado a empezar a revisar a la baja las promesas electorales de Jacques Chirac, e incluso las suyas propias de hace apenas una semana, cuando hizo su discurso de política general. La anunciada baja masiva de las cargas sociales que gravan el trabajo, disminución que debía servir para facilitar la creación de empleo, se ha convertido en una modesta reducción de cargas sólo en el caso de los salarios más bajos y en las pequeñas y medianas empresas.
Los balladurianos no han dejado pasar la ocasión y Alain Minc, economista y consejero del anterior primer ministro, ha recordado que "eso era lo que proponía Édouard Balladur y lo que la economía francesa puede asumir. No se trata de que haya una única política posible sino de que la realidad es tozuda. Chirac se va a topar con los tipos de interés". La patronal dice estar dispuesta a contratar más trabajadores a cambio de esa reducción del precio del trabajo, pero critica la promesa de un aumento del salario mínimo.
Y por si no bastaba con eso, ayer las calles de París se llenaron de decenas de miles de manifestantes que, en nombre de la "defensa del servicio público", denunciaron la política liberalizadora de Bruselas respecto a los correos, las telecomunicaciones, el gas o la electricidad. Hoy serán los ferroviarios quienes marchen por idénticas razones. Los empleados de las grandes empresas públicas denuncian "el estallido" de las mismas y la "supresión de puestos de trabajo". Para los líderes sindicales es "intolerable tratar la electricidad como cualquier otro producto cuando es la vida para tanta gente". Los sindicatos temen que "la privatización se haga en favor de los grandes grupos y en detrimento del consumidor individual".
