El juez del 'caso Crillon' cita a declarar al director del Cesid para el próximo jueves

JOSÉ YOLDI Eduardo Moner, juez instructor del caso Crillon, ha citado a declarar como testigo para el próximo jueves, día 1, al director Centro Superior de Información parala Defensa (Cesid), teniente general Emilio Alonso Manglano. El magistrado ha dictado varias resoluciones, entre las que cabe destacar una en la que precisa que es todavía prematuro el considerar como imputados en el proceso al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de Defensa, Julián García Vargas. La atribución de esa cualidad está pendiente de la realización de varias diligencias.

Manglano declarará en relación con la denuncia formulada por el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, acerca de que Narcís Serra le encargó la elaboración de un informe sobre las actividades políticas y económicas del ex presidente de Banesto Mario Conde. Este informe finalmente fue realizado por la agencia de detectives norteamericana Kroll y pagado con cargo a los fondos reservados del Ministerio de Defensa. La comparecencia del director de los espías españoles fue solicitada por el fiscal del caso y el por abogado de Conde.Moner ha rechazado el recurso presentado por el fiscal para que se considere imputados a Serra y a García Vargas, que hasta ahora están considerados denunciados. El fiscal destacaba que el considerar imputados a los dos miembros del Gobierno responde a la finalidad de otorgar a los denunciados desde el primer momento la oportunidad de ejercitar el derecho de defensa al personarse en la causa.

El magistrado señala que no debe bastar para conferir la condición de imputado a una persona la atribución de un hecho punible, sino que el instructor debe realizar una ponderación provisional de aquella atribución para la que es necesario practicar una serie de diligencias aún pendientes.

Otra de las resoluciones notificadas ayer rechaza el conceder a Mario Conde la condición de perjudicado para que pueda ejercitar la acusación particular. Conde, según Moner, no aparece como titular de derecho alguno que directamente haya resultado dañado por los hechos que se investigan en el proceso. El magistrado destaca que el principal, incluso el único perjudicado en eldelito de malversación de caudales públicos es el Estado.

Sobre los restantes delitos que Conde cree que pudieran haberse cometido con la elaboración del informe Crillon, el juez destaca: "hasta ahora, de las diligencias practicadas, no se pueden deducir, ni siquiera indiciariamente, que los mismos se infieran de los hechos objeto de este proceso". Concluye Monerque no puede otorgarse a Conde la condición de ofendido por un delito, que, de existir, no ha afectado a su propia esfera jurídica.

Esta decisión no impide que Conde pueda ejercitar la acción popular. Esto ya lo está haciendo el empresario José María Ruiz Mateos, a quien se ha exigido una fianza de 700.000 pesetas para garantizar la seriedad de las acusaciones.