Derrota socialista

Felipe González se declaró recientemente preparado para asumir sus responsabilidades si se producía una derrota electoral. Pues bien, sin que pueda hablarse de descalabro, esa derrota se ha producido. Una respuesta proporcional a la magnitud de la derrota sería plantear a su partido si debe o no seguir encabezando el cartel socialista en las próximas elecciones generales. El Comité Federal convocado por el PSOE para el próximo fin de semana tendrá que abordar, sin histeria, pero también sin cataplasmas, la necesidad de una renovación en profundidad, no sólo del mensaje, sino también del personal político.En todo caso, el PSOE ha demostrado que cualquier comparación con el derrumbe de UCD es pura exageración interesada y que es extraordinariamente resistente al desgaste electoral. Durante los primeros 10 años de gobierno socialista, su crédito se ha ido desgastando de manera pausada: todavía en 1993 conservaba 9 de los 10 millones de votos de 1982, pese a haber pasado por momentos de gran debilidad. Pero la combinación entre los escándalos aflorados en los dos últimos años y el rápido desgaste de ese último voto de confianza solicitado en 1993 por González para hacer "el cambio del cambio" ha acelerado el declive en los últimos dos años.

En medio de este panorama general en el que el PSOE no puede ignorar su derrota destaca la supervivencia del Partido Socialista de Cataluña, que ha salido prácticamente ileso. No sólo, conserva la alcaldía emblemática de Barcelona, sino también las de Girona, Lleida y muchas de las grandes ciudades industriales del cinturón barcelonés. Un resultado que, sin duda, sus dirigentes tratarán de hacer valer en los debates internos que el PSOE debe abordar en las próximas sernanas.

Hace cinco años, Aznar diseñó un proyecto de aproximación al poder que pasaba, a imagen de la estrategia desplegada por el PSOE entre 1979 y 1982, por la conquista de los gobiernos municipales y autonómicos. Al margen de la entidad de las diferencias entre los dos primeros partidos, el PP no sólo se coloca en cabeza por primera vez en unas elecciones locales, sino que extiende su influencia territorial: algo necesario para gobernar con eficacia el día que le corresponda hacerlo. Hace una década, el PSOE tenía mayoría absoluta en el Parlamento, gobernaba en 13 de las 17 autonomías y era la primera fuerza política en 38 capitales de provincia. Ahora, los socialistas necesitan el apoyo de los 17 diputados de CiU para alcanzar la mayoría parlamentaria, no controlan más de dos o tres comunidades autónomas -en todos los casos necesitan apoyos de otros partidos- y, según las elecciones de ayer, apenas conservan la primera plaza en media docena de capitales, con Barcelona como su joya de la corona.

Nunca antes la derecha española había obtenido en unas elecciones democráticas una mayoría tan amplia, especialmente en las ciudades. Los indudables méritos de Aznar al pilotar el largo viaje de su partido hacia el centro se verían confirmados si es capaz de aprovechar los meses, o años, que restan hasta las elecciones generales para convertir en adhesión positiva a su partido, lo que de momento es sobre todo el fruto del rechazo al del Gobierno.

Con todo, la derrota del PSOE le permite mantenerse como segunda fuerza en la gran mayoría de las ciudades y comunidades en las que el PP pasa a ser partido mayoritario, lo que le permite conservar la capacidad de pacto necesaria para aminorar el destrozo allí donde el PP no tiene mayoría absoluta. Izquierda Unida no consigue, por lo demás, el crecimiento espectacular que le auguraban los sondeos, aunque consigue una implantación bastante uniforme en todo el territorio nacional, algo que nunca tuvo, ni siquiera en sus mejores momentos de las primeras elecciones generales.

El vuelco producido es, por otra parte, la mejor refutación de quienes llevan años cuestionando al sistema político con el argumento de que impedía de hecho la alternancia. No es la alternancia, que depende de la voluntad de los ciudadanos, sino su posibilidad, lo que determina el carácter democrático del sistema. Las elecciones celebradas ayer han permitido ejercer esa alternancia en ayuntamientos y comunidades autónomas. Tendrán que ser unas elecciones generales, cuando González decida convocarlas o cuando pierda la mayoría parlamentaria que Pujol le ha garantizado al menos hasta fin de año, las que determinen el futuro Gobierno de la nación. Trasladar los resultados de unos comicios a otros es un ejercicio aventurado, cuando no antidemocrático.