México afirma que seguirá dando asilo pese al tratado de extradición con España

La reciente firma, en secreto, de un acuerdo entre España y México que permitirá poner fin al santuario etarra en el país americano está poniendo en aprietos al Gobierno mexicano. Los temores del Ejecutivo del presidente Ernesto Zedillo de que este pacto con España dañe la imagen de tierra de asilo que México ha cultivado con esmero durante décadas han cristalizado de golpe a raíz de que trascendiesen las negociaciones (ver EL PAÍS del pasado miércoles).En un comunicado difundido ayer, la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores mexicana asegura, sin desmentir en ningún momento los términos del acuerdo con España, que México mantendrá "invariable" su larga tradición política de asilo.

El carácter secreto de, la negociación, ahora puesto al descubierto, también está causando escozor. El Ejecutivo mexicano, que tiene miedo a la reacción de la influyente colonia vasca, había pedido suma discreción a sus interlocutores en el Gobierno español. "Las conversaciones entre dos Gobiernos para adoptar un tratado no se ventilan públicamente", asegura el comunicado de la Secretaría de Exteriores, en un intento de frenar las numerosas críticas aparecidas en periódicos mexicanos.

Además de atacar el carácter reservado de las conversaciones entre los gobiernos de España y México, los comentarios de los columnistas se centran en lo que llaman "atentar contra una tradición en la política exterior mexicana".No a una extradición

Dos centenares de etarras viven en México a pesar de un tratado de extradición, entre ambos países, vigente desde 1980. La única vez que España llegó a solicitar oficialmente una extradición (la de Esteban Murillo Zubiri, acusado de la muerte de cuatro personas), tan sólo cosechó una negativa del Gobierno mexicano.

El nuevo acuerdo, firmado el pasado 12 de mayo, permitirá poner fin a esta situación, una vez que sea ratificado por los Parlamentos de los dos Estados. "Se trata sólo de un cambio en cuestiones de terrorismo y nada más", dijeron ayer fuentes oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.

El estallido de la polémica ha privado al Gobierno mexicano de la posibilidad de controlar de forma estrecha la difusión del acuerdo, que estaba previsto que se diera a conocer en junio, durante la visita a Madrid del fiscal general mexicano, Antonio Lozano Gracia. El departamento de Lozano se ha hecho cargo de las conversaciones para llevar el acuerdo a buen puerto.

La polémica también ha levantado ampollas en los entresijos de la política mexicana. Lozano Gracia (cuyo cargo sería equivalente al de ministro de Justicia), miembro del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), en la oposición, se ha mostrado más receptivo a las peticiones españolas que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder en México desde hace 66 años. Algunos de los afiliados mas prominentes del PRI siempre han hecho gala de ayudar a etarras huidos de España a instalarse en el país.