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Los secretos del templo

Cuando se honra a las finanzas, decía Montesquieu, el Estado se halla perdido. Esta bonita frase parece la materia subyacente de ciertos movimientos de histeria detectados ayer en medios bancarios a p ropósito de José Pérez. Aquéllos que como Mario Conde intentaron contratar, sin éxito, al entonces director general y hoy subgobernador, Miguel Martín, para el cargo de consejero delegado, dirán ahora sin el menor desparpajo que el fichaje de Pérez por el BBV es la prueba de la conspiración del 28 de diciembre de 1993.A lo largo de 1994 y primeros de 1995, Pérez recibió varias ofertas. No las aceptó. El BBV, cuyo narcisismo está de capa caída pese a su buena evolución financiera, por la fuga de diversos profesionales y la pérdida de dos subastas importantes, le sacó punta e hizo la oferta a Pérez. El pasado martes, en el consejo del Banco de España, se informó que Pérez tiene el proyecto de marcharse y que, tal como lo prevé un reglamento que aprobará el consejo de gobierno previsto para el próximó martes, se mantendrá en cuarentena seis meses. No es la primera ni será; la última vez que un director general del Banco de España es fichado por entidades privadas.

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Aunque Montesquieu exagera, es lícito preguntarse si José Pérez está contraviniendo, al aceptar la oferta del BBV, alguna norma ética o estética, habida cuenta de que no existe ningún impedimento legal o reglamentario para que lo haga. Por otra parte, la legislación española no es una ex cepción porque tampoco en Estados Unidos o en el Reino Unido existen los citados impedimientos e, incluso, incompatibilidades, como es el caso español en el que existen dos años para la persona que abandona el puesto de gobernador.

Pérez entró al Banco de España en 1972, después de dedicarse varios años enPero si en el fondo no deberían existir objeciones, la manera de dar el salto debería ser cuidadosa. Si el gobernador tiene un periodo de dos años de incompatibilidades quizá para el cargo de director general debería establecerse un periodo algo más amplio. Por ejemplo, un año.

Existe otro problema: la remuneración durante este periodo. Según el reglamento que el consejo de gobierno va a considerar para su aprobación, se prevé para los ejecutivos que abandonan su puesto el pago de dos meses por año trabajado con un tope de cuatro años. Ello quiere decir que un director general cobrará unos 60 millones al dejar la institución, incluso cuando se trata de un abandono voluntario.

Sería lógico que el banco se hiciese cargo del pago durante el periodo de incompatibilidades. Si son dos años, pues dos años; y si son seis meses, seis meses, ya que estaría más en línea con las rígidas normas de incompatibilidades de altos cargos en la Administración y con las exhortaciones a la austeridad salarial.

En cuanto a los murmullos de Madrid-Poisonville (Ciudad Venenosa) sólo cabe seguir los consejos de un gran florentino: ¡Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 26 de mayo de 1995.

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