Engaños de guante blanco

Venta de derechos de suscripción, compra de sociedades en pérdidas, utilización de sociedades pantalla, fiducias, leasé back, bonos austriacos, lavado de cupón, lavado de dividendos... Operaciones de este tipo están a la orden del día y forman el oscuro tejido de los últimos escándalos financieros. Los inspectores de Hacienda, se han cansado de jugar al ratón y al gato con estas prácticas, en la frontera entre los negocios simulados y el denominado fraude de ley-, y afirman que todas estas conductas deben sancionarse. Los expertos por el contrario, creen que las normas deben estar claras y que, en caso contrario, es lícito aprovechar todos los resquicios.La polémica ha saltado con la nueva Ley General Tributaria, que está en trámite parlamentario. PSOE y CiU han acordado que el fraude de ley no es sancionable, que debe llevar un expediente distinto al de la inspección y que, antes de resolverlo, se debe dar audiencia al interesado. Se resucita así una figura que está en desuso. Un decreto de 1979 que lo regulaba apenas se utilizó porque exigía probar la intención de defraudar. Se derogó en 1993.

La nueva ley diferencia entre los negocios simulados -utilizar formas o denominaciones jurídicas para tergiversar bases imponibles- y el fraude de ley -utilizar una norma con distinta finalidad a la -provista para eludir el pago de impuestos-, una sutil frontera que separaría lo que es sancionable y lo que no. Un ejemplo de nogocio simulado sería la creación de sociedades interpuestas para camuflar beneficios. Un fraude de ley sería la aportación en especie a, una sociedad, seguida de su disolución y posterior adjudicación a otro socio distinto al que hizo la aportación. Los problemas se plantean a la hora de calificar operaciones como los lease back o la venta de sociedades a través de derechos.de suscripción.

La experiencia de los inspectores de Hacienda es que "siempre que hay un fraude de ley hay un negocio indirecto o una simulación desde el punto de vista tributario", como señala uno de ellos. En la práctica, si el fraude de ley se sanciona y lo demás no, "abres un agujero por el que se colará todo". Por ejemplo, si se inicia un expediente por una actuación dudosa, "los afectados siempre estarán dispuestos a admitir que es un fraude de ley para evitar las sanciones una vez que se les ha pillado".

Para Jesús Bermejo, responsable de, la Unidad de Represión y Vigilancia del Fraude Fiscal del Ministerio, de Hacienda, "no debemos meter todo en el mismo saco; debe quedar claro que los negocios simulados no son fraude de ley, y, por tanto, deben sancionarse". Bermejo cree que las fronteras están poco claras, y ello debe tenerse en cuenta a la hora de fijar sanciones.

En el lado contrario, José Lozano, profesor de Derecho Penal y abogado del gabinete de Miguel Bajo, opina que con estas Operaciones lo que aparece es "un defecto legislativo que, como tal, es opinable, porque hay lagunas del, derecho o porque los efectos son contrarios a los que persiguen las normas". Dice que les al legislador al que le corresponde corregir estos defectos y, por tanto, no debe haber sanciones". Para Luis López Tollo, del BBV, "hemos pasado del todo a la nada; de sancionar siempre que existía fraude de ley a impedir en todo caso su sanción". En su opinión, "hay que castigar aquellos casos en que haya verdadera intencionalidad y distinguirlos de otros en los que únicamente se buscan opciones para pagar menos impuestos".

Emilio Albi, catedrático de Hacienda Pública, explica que el fraude de ley consiste en que: el contribuyente utiliza un camino que es legal, pero la Administración puede demostrar, con dificultad, que la operación se ha hecho para reducir la cuota. "La intuición . te dice que se trata de un fraude", afirma Albi, "pero son operaciones donde toda la información está dada y lo que se hace es aprovechar una opción legal".El vicepresidente de la Asociación de Inspectores de Finanzas del Estado, José Lacasa, afirma que "hemos pasado. de matar ' moscas a cañonazos a que nos quiten la escopeta"._El fraude de ley debe estar sancionado, explica Lacasa, "porque, si no, estaremos despenalizando el fraude de los ricos que pueden pagarse un asesor que les monte estas argucias. Pagarán los pobres y los tontos". En el colectivo de inspectores Hacienda y Sociedad, la opinión es que "todo son montajes para el fraude", dice Víctor Morena