Ciudadano rey

COMO CIUDADANO particular y como persona que asume la más alta representación del Estado, el rey Juan Carlos tiene al menos el mismo derecho a la intimidad personal y a la propia imagen que cualquier otro ciudadano. Pero, en la práctica, es posible que, a causa de ese alto rango, no tenga a mano las mismas armas para defenderse cuando ese derecho es conculcado en lo que respecta a su persona. Quizá ello incite a algunos al aprovechamiento más que a la prudencia.La reacción de la Casa del Rey ante la publicación en una revista italiana de fotografías de don Juan Carlos tomando el sol desnudo en el yate Fortuna ha sido la que correspondía institucionalmente. Ha instado al Servicio Jurídico del Estado a que estudie el ejercicio de las acciones legales que procedan. Pero aunque esa reacción no se hubiera producido, las instancias encargadas de defender las instituciones -la persona del Rey es inseparable de la magistratura que representa- no hubieran podido dejar de actuar. Las leyes consideran intromisión ¡legítima en el ámbito de la intimidad personal "la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada...". Parece evidente que fotografiar al Rey o a cualquier otro ciudadano desde la impunidad de la distancia o a escondidas, cuando se hallan en lugares o situaciones de intimidad, nada tiene que ver con el derecho a la información o cosa parecida. Estén vestidos, en paños menores o como su madre les trajo al mundo. Eso constituye, lisa y llanamente, un asalto a la intimidad personal. Del estilo de los muchos que se producen en la sociedad actual con la ayuda de medios técnicos sofisticados y por desaprensivos que los utilizan como arma de chantaje o de medro económico o personal.

Pero aunque las fotografías tomadas al Rey no se debieran a la iniciativa de algún personaje con ambición suficiente para usarlas como chantaje o para hacerse acreedor de algún favor, no por ello dejarían de constituir un atentado en toda regla a un derecho constitucionalmente protegido. Y que, en democracia, ampara por igual al ciudadano rey como al que no lo es.