Los 'intelectuales' de Conde

El día de la destitución de Mario Conde y su consejo de administración en Banesto, el 28 de diciembre de 1993, unos pocos elegidos recibieron un ejemplar, serie especial, de un libro sobre la crisis del sistema bancario. Su autor era el profesor Antonio Torrero Mañas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares. Pero el trabajo no versaba sobre su banco, esto es, Banesto -donde ingresó como consejero por su relación personal y comercial con Mario Conde en las postrimerías de 1987-, sino a los bancos de Estados Unidos. Allí, precisamente, se encuentra ahora otra compañera de ruta de Conde, nombrada consejera de Banesto también a finales de 1987 y cesada, como Torrero, el 28 de diciembre de 1993: Paulina Beato. La economista trabaja en el FMI en temas bancarios: modelos de tesorería y otros. Su marido, Julio Viñuela, es el consejero comercial de la Embajada española en Washington.Ambos se incorporaron al consejo del banco como miembros de una terna que, según el cuento de Conde, suponía erigir un puente con los socialistas. El tercer miembro era Juan Belloso, que fue nombrado consejero ejecutivo primero y consejero delegado más tarde. Mientras Torrero y Belloso tenían carné, Beato no. Pero la pequeña historia que interesa es ésta: tanto Torrero como Beato integraron el comité de auditoría del consejo de Banesto. Torrero actuó como presidente, mientras que Beato era uno de los tres vocales del mismo. Fue Torrero, precisamente, quien redactó los Estatutos del Comité de Auditoría que él consejo de administración del 30 de marzo de 1990 aprobó. Tres años después, el 26 de marzo de 1993, al vencer el primer mandato, Torrero siguió al frente de dicho comité, así como Beato. Vicente Figaredo y Juan José Abaitua sustituyeron a César de la Mora y a Rafael Pérez Escolar.

Los Estatutos adoptados establecían que el comité debía reunirse cuando cualquiera de sus miembros lo considerase necesario y, como mínimo, con una periodicidad trimestral. Sus objetivos eran "entender sobre la idoneidad de los sistemas de control interno, supervisar el cumplimiento de normas de control interno, conocer el desenvolvimiento de los medios relativos a la información que se facilite al consejo de administración, en particular, a las cuentas y estados financieros".

Todo esto puede parecer baladí. Pero no lo es. Las funciones del comité eran "conocer la planificación global del trabajo a realizar por la auditoría interna, contribuir a que ésta compruebe la eficacia y el cumplimiento de las normas de control interno, procurar la coordinación". Y, por último, un punto crucial: "Disponer que la auditoría interna amplíe su investigación a asuntos determinados que excedan de las funciones legales de dicha auditoría, cuando así se estime conveniente para el mejor control del Banco Español de Crédito o de algunas de sus empresas participadas".

Pero aún falta la guinda para un decorado perfecto. Entre las facultades concedidas al comité estaban las siguientes: "Mantener total independencia de la dirección, dependiendo directamente del consejo de administración, pudiendo someter a dicho consejo, a la comisión ejecutiva o a cualquier otro organismo las propuestas que estimen oportunas; obtener sin limitación alguna cuantos datos, informes o documentación considere precisos; conocer la iniciación y desarrollo de las inspecciones practicadas por el Banco de España, el ministerio de Economía u otras autoridades administrativas o de cualquier orden; recomendar que las distintas unidades y servicios subsanen o rectifiquen las deficiencias señaladas por la inspección y por las auditorías interna y externa".

Todo esto fue papel mojado. Según declaró Torrero el pasado 13 de febrero ante el juez Manuel García-Castellón, "como presidente del comité su función era la de intentar impedir que las nuevas operaciones financieras

[?] se realizaran cuando no hubiera soporte tecnológico e informático". El profesor, pues, encuentra justificada su actuación. Lo mismo sucede cuando narró al juez "que la única comunicación que el banco recibió del Banco de España y que el declarante recuerde que se leyera en el consejo fue una de finales de l992". Y tampoco intervino en el plan de saneamiento de 1993 que se presentó ante el Banco de España "porque no fue consultado", ya que "fue elaborado por pocas personas del banco". Torrero, pues, era un espectador más que cobraba, según declaró, unos 16 millones brutos.

Una de las personas que trabajó en el plan de saneamiento fue Paulina Beato, quien declaró al juez haber ganado una media de 40 millones de pesetas al año en Banesto, se explicó así el pasado 24 de febrero: "Manifiesta que cree que desde que empezaron a redactar este programa no se comunicó a los demás miembros del consejo de administración".

En efecto, durante tres meses, se ocultó al consejo de administración que se negociaba un nuevo plan con el Banco de España. Paulina Beato participó en el plan porque Mario Conde necesitaba junto al entonces consejero delegado Enrique Lasarte a una persona con excelentes relaciones en el Banco de España.

Enlace con el Banco de España

Compañera de estudios de José Pérez, director general de la inspección, y alumna de Luis Ángel Rojo, gobernador, su cometido fue el servir de presunto enlace entre ambas partes. "El Sr Lasarte -declaró Beato- le dijo que había que efectuar un nuevo programa de saneamiento, debido, según cree recordar, a que la inspección del Banco de España manifestó que existían problemas adicionales". Mientras Torrero no tuvo conocimiento de la carta que José Pérez envió a Banesto el 6 de septiembre de 1993 en la que informaba sobre irregularidades contables en el balance de 1992 que debía reflejar pérdidas en lugar de beneficios consolidados, Beato sí. Los otros dos miembros del comité de auditoría, Vicente Figaredo y Juanjo Abaitua, desconocen, según dijeron al juez, los requerimientos del Banco de España.