La Eurocámara pide un referéndum sobre Maastricht

La reforma del Tratado de Maastricht debería someterse a "un referéndum en toda la Unión, dado que está en juego una decisión colectiva que afecta al conjunto de Europa". Esta propuesta fue una de las aprobadas ayer en Estrasbrugo por el Parlamento Europeo (PE). Forma parte del documento propuesto por la Eurocámara a la Conferencia Intergubernamental (CIG) que debe reformar en 1996 el Tratado de la Unión. "Alternativamente", reza el texto, aprobado por 289 votos contra 103 negativos y 74 abstenciones, "los Estados miembros podrían acordar la celebración de referendos nacionales" o votaciones parlamentarias "simultáneamente o con pocos días de intervalo".

Cuando al final de la campaña presidencial francesa Jacques Chirac reverdeció su propuesta de pasar la reforma de Maastricht por el cedazo de un referéndum nacional, las buenas conciencias europeístas clamaron al cielo, interpretando la idea como un guiño hacia el más rancio y euroescéptico nacionalismo francés.Paradojas de la vida, es ahora la reserva espiritual del más indómito europeísmo, el PE, quien se suma a la propuesta aumentándola: debería celebrarse "en toda la Unión". La idea, aunque formulada como "posibilidad", responde a dos cálculos. Uno, puesto que algunos países convocarán referéndum de todas todas más vale que sea en los Quince, a ver si se reactiva una conciencia clara de europeísmo. Dos, con ello se pretende forzar a los Gobiernos -responsables de la CIG-, a reformar el tratado de forma clara, coherente y satisfactoria.

Brindis al sol, realismo calculado o apertura de una caja de Pandora, la propuesta queda ahí. Es tangible. Contra la tradición testimonial de la Eurocámara, no es utópica sino realista, como lo es todo el documento del PE, muy en línea con el elaborado la semana pasada por la Comisión presidida por Jacques Santer. Rezuma tanto pragmatismo que hasta uno de sus redactores, el democristiano Jean Louis Bourlanges dijo en el debate haber vivido "como un vía crucis" la necesidad de responder al común denominador de la Cámara, alejado de sus "expectativas", mucho más federalistas. El otro redactor, David Martin, laborista pero británico, se mostró en cambio satisfecho por no proponer "un punto de vista maximalista". La CIG no debe concentrarse "en la transferencia de nuevos poderes" a la UE sino en "aclarar sus funciones", ambiciona, modesto, el texto.

Los eurodiputados proponen comunitarizar al máximo tanto la política exterior y de seguridad común (y absorber a la Unión Europea Occidental dentro de la UE, así como abrir paso a las acciones comunes exteriores por mayoría) como los asuntos de Justicia e Interior, en los que desde Maastricht prima lo intergubernamental. Desean colocar el empleo como frontispicio del Tratado y crear un Comité de Empleo del mismo rango que el Comité Monetario. Y asentar la noción de "servicio público universal" para garantizar a los ciudadanos "un acceso igual a los servicios de interés económico general".

En el capítulo institucional admiten una Europa de velocidades flexibles, pero "no a la carta " (y contemplan por vez primera el "abandono" de un Estado si bloquea la reforma); el reforzamiento de la Comisión; un statu quo de los Estados en el Consejo, aunque ampliando las decisiones por mayoría y limitando la unanimidad a las modificaciones del Tratado de Maastricht, la ampliación de la Unión Europea, la reforma de los recursos propios y muy pocas más.