Acerca del programa económico del PP

La incapacidad que manifiesta el Gobierno de Felipe González para afrontar en términos eficientes y creíbles la grave recesión que atraviesa la economía española, está siendo aprovechada oportunamente por el PP para publicitar machaconamente, y en ocasiones con gran despliegue de medios, sus propuestas de política económica. Con ello, y sin dejar de explotar la cantera inagotable de la corrupción y de los GAL, el partido de Aznar parece empeñado en un doble objetivo: corregir su todavía deficitario crédito como alternativa de gobierno, presentándose como una fuerza pertrechada de un sólido programa económico capaz de ofrecer respuestas y soluciones eficaces a los problemas socioeconómicos del país, y cosechar electoralmente el malestar social promovido por la crisis económica erigiéndose en la "solución inaplazable, única y necesaria" a los problemas del país.Pero, ¿hasta qué punto las distintas propuestas económicas del PP guardan congruencia mínima entre sí, susceptible de hacerlas creíbles y merecedoras del calificativo de programa? ¿Hasta qué punto resultan viables? Y, ¿en qué medida pueden impulsar y compatibilizar, tal como dicen propugnar, mayor eficiencia económica y equidad social?

Cuando nos aproximamos al programa nacional del PP (ahora, "programa de gobierno para todos") en busca de la caracterización de la crisis -cuestión básica para entender las soluciones propuestas-, nos encontramos con que las causas determinantes, de la caída de la inversión y de la consecuente destrucción de empleo serían: el encarecimiento del factor trabajo, la excesiva rigidez del mercado laboral y la agresividad fiscal. Aspecto este último estrechamente relacionado con la elevada expansión deI gasto público experimentado en los últimos años, y que, a pesar del incremento de la presión fiscal, habría terminado dando lugar a un elevado déficit público, "causante, de forma directa o indirecta, de los restantes desequilibrios: inflación, déficit exterior y -a través del desestímulo a la inversión- desempleo".

Dos cosas, entre otras, llaman inmediatamente la atención de este diagnóstico: en primer lugar, su simplismo y ausencia de un análisis mínimamente estructural de la crisis que tenga en cuenta los fenómenos relacionados con la globalización, el cambio tecnológico, la reestructuración del sistema productivo, los nuevos competidores internacionales, etcétera, y, en segundo término, el tratamiento reduccionista y unilateral del déficit público. Hoy, incluso los keynesia nos más recalcitrantes admiten sin reservas que la expansión sistemática del gasto público deficitario, aun cuando a corto plazo pudiese, en el mejor de los casos, ejercer efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, a medio y largo plazo estos efectos se tornarán perversos. Sin embargo, de ahí a sostener que el crecimiento sistemático de los déficit públicos, experimentado a partir de los años setenta por la generalidad de los países de la OCDE, es el causante de la crisis económica, supone dar un salto en el vacío, confundiendo los efectos con las causas.

Además de propugnar una mayor contención salarial y una mayor flexibilidad del mercado laboral, las propuestas del PP se articulan en torno a un núcleo central, básico a tenor de su análisis para remontar la crisis: la reducción del déficit público. Para lo que el partido de Aznar propone un conjunto de actuaciones combinadas y tendentes a reducir la presión fiscal por un lado, y a reducir el nivel de gasto público por otro. Y es aquí donde comienzan a manifestarse explícitamente las contradicciones formales y a revelarse el verdadero contenido y significado sociopolítico del programa del PP.

Por el lado fiscal, en la línea más depurada de la "contrarrevolución fiscal" conservadora, el PP propone una serie de actuaciones (limitación de la tarifa a tres tramos, reducir el tipo máximo de 36% al 40%, mayor neutralidad impositiva, etcétera) que implican dos efectos inmediatos: en primer lugar, cargarse la progresividad del sistema fiscal, dando lugar a una redistribución regresiva de la renta nacional que contribuiría a una mayor polarización social, haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres; y, en segundo lugar, una reducción de ingresos públicos en torno a 1,5 billones.

Por el lado del gasto, que es donde "el peso de la restricción presupuestaria ha de recaer", una vez establecido el compromiso explícito de mantener la inversión en infraestructuras en un 5% del PIB, "el esfuerzo de contención", se afirma en el programa, "corresponde primordialmente al gasto corriente". En consecuencia, el PP propone la congelación de plantillas de funcionarios (conviene no olvidar que detrás de esa denominación impopular, además de administrativos, se encuentra personal sanitario, maestros, bomberos, etcétera), la eliminación de puestos de altos cargos (la mayoría de los cuales, dicho sea de paso, son ya funcionarios de alto nivel) y la supresión de gasto superfluo (sin especificar) por un importe de 500.000 millones de pesetas. Para completar esta operación, el PP propone acudir a la privatización sistemática de empresas públicas (se entiende que las rentables).

Cuando, ya para finalizar, tratamos de aproximamos al saldo neto de toda esta operación, observamos que, aun bajo los supuestos más favorables, las cuentas no cuadran. La conclusión parece clara: además de limitado conceptual e instrumentalmente, de socialmente regresivo, y de económicamente ineficiente, el programa económico del PP adolece de severas deficiencias técnicas, lo que dice poco a favor de un partido que pretende ser la única alternativa de gobierno. Y es que las soluciones para remontar el problema del paro y la crisis no pueden venir por la derecha; las transformaciones imprescindibles vendrán por la izquierda o no vendrán, y de eso dependerá mucho el peso futuro de IU.

Ángel Pérez es candidato de IU a presidente regional.