IU propone que el Estado indemnice por las imprudencias de sus funcionarios

Izquierda Unida (IU) propone que el futuro Código Penal establezca la responsabilidad subsidiaria del Estado por los daños causados por sus funcionarios, no sólo, como establece el proyecto del Gobierno, en los casos de delitos o faltas dolosos [intencionados], sino también en los culposos [por imprudencia o negligencia no, intencionada]. Así lo explicó ayer a este periódico el diputado Diego López Garrido, portavoz de IU en los debates sobre el proyecto de Código Penal que mañana inicia la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. López Garrido puso como ejemplo los casos del envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado y de la catástrofe de la presa de Tous, en los que centenares de perjudicados siguen sin obtener la indemnización del Estado. El diputado de IU criticó también que la responsabilidad pública se limite a los delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos cuando lo correcto es que el Estado y demás entes públicos respondan también cuando, para delinquir, "los funcionarios utilizan medios puestos en sus manos, como por ejemplo una pistola" dijo.

El artículo 121 del proyecto establece que, el Estado y demás entes públicos "responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de delitos o faltas dolosos, cuando éstos sean. autoridad, agentes de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones". La enmienda de IU extiende la responsabilidad a los delitos de los funcionarios cometidos por imprudencia y "utilizando los medios que le hubieren sido confiados para ello".

Aparte de otras propuestas de IU (véase EL PAÍS de ayer) López Garrido informó de éstas: Desacatos a altos cargos. IU se opone a la existencia de los delitos de injurias y calumnias al Rey, altos cargos del Estado y del Gobierno y otras instituciones, castigados en el proyecto de Código Penal, por lo general con penas de multa. IU admite que se penalice el desacato directo a las autoridades cuando se encuentran en el ejercicio de sus funciones, pero pide la supresión de las injurias y calumnias a altos cargos, por entender que se deben "eliminar figuras que, como las calumnias o injurias cualificadas, no responden al principio de intervención mínima del, derecho penal" o castigan "comportamientos amparados por la libertad de expresión y de crítica". Delitos societarios. Frente al criterio del proyecto de Código Penal, . que establece que los delitos societarios -cometidos por los administradores de sociedades mercantiles en perjuicio de sus socios o accionistas- "sólo serán perseguibles mediante querella de los perjudicados", IU considera que deben quedar sujetos a la acusación pública, ya que "los bienes jurídicos afectados son de la suficiente entidad, como para no dejar a la iniciativa particular la posibilidad de su persecución".