El atentado contra Aznar dispara la petición de escolta por parte de los políticos

El atentado de ETA contra José María Aznar ha despertado en numerosos líderes políticos, especialmente en el PP, un sentimiento de preocupación por su seguridad personal. El Ministerío del Interior ha recibido al menos una docena de peticiones de protección policial por parte de dirigentes -en su mayoría, cuadros medios populares- que, según fuentes de este departarmento, será difícil atender.. Aunque no puede hablarse de avalancha en las peticiones, sí parece que para atender las numerosas demandas hacen falta medios de los que en este momento no se dispone. A pesar de todo, a algunos líderes populares sí se les ha atendido en sus peticiones y cuentan ya con un servicio personal de escoltas. Éste es el caso del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, que desde la pasada semana tiene sus espaldas guardadas por miembros de la policía de la dotación que cubre habitualmente la vigilancia del Congreso de los Diputados.

A ninguna de las personalidades que han solicitado protección se les ha dotado todavía con servicios de contravigilancia, pero, según informa Servimedia, el Ministerio de Interior está estudiando distintas posibilidades que le permitan ocupar a funcionarios en estas tareas.

En medios del PP se ha reconocido que, efectivamente, el atentado de Aznar ha despertado la inquietud en cuadros populares, sobre todo entre quienes tienen entre sus trabajos los relacionados con el área de Justicia e Interior, así como los que se ocupan de responsabilidades ejecutivas en la organización.

Precisamente a Julio Anguita, coordinador general de IU, se le ha vuelto a asignar la vigilancia estática que tenía en torno a su domicilio particular y que, antes del atentado de Madrid contra el dirigente popular, se le había retirado.

También en el País Vasco se han disparado las peticiones de este tipo. Hasta el asesinato de Gregorio Ordóñez, había 60 agentes encargados de la custodia a políticos, cifra que, desde entonces, se ha duplicado. Las autoridades vascas estudian sistemas que permitan compartir estas tareas utilizando policías autónomos, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y agentes locales.