Mentira y ley

La policía es el portillo imposible de tapiar -salvo sofismas ad hoc- del "Estado de Derecho". Ya la acción física (violenta), al moverse en el continuo espacio-temporal, se hace irreductible a la noción jurídica de "regla" (discontinua, de "sí o no") y sólo admite ponderaciones prudenciales '(estimativas, de "más o menos"), tal como reconoce el concepto policíaco de "discrecionalidad". Pero además, el policía es el único funcionario con facultad legal para mentir: la legalidad -o impunibilidad, si se preflere- del mentir del policía en el interrogatorio, en cuanto correlato de la impunidad del sospechoso que miente en defensa propia, es como una fractura que la Razón de Estado produce en el Estado de Derecho. Tal entredicho debería turbar la confianza en éste, al suscitar esta perplejidad: ¿Es la mentira la que es metida dentro del Estado de Derecho o es el policía el que es autorizado a salirse de él, para poder ir a buscar al delincuente en su terreno? Ambas respuestas van a dar en aporías. La policía es, así pues, también en la palabra, dúctil, viscosa, tanteadora del terreno y a cada instante reajustable al movimiento de su objeto, y se nos muestra por segunda vez, ahora en sentido traslaticio, inmersa en el "más o menos" de un continuo deformable, y, en fin, irreductible a la discontinuidad de lo jurídico. El instrumentalismo físico y verbal de esta souplesse abre las fauces de la "injusticia conveniente" para otras más graves formas de discrecionalidad y más crudos arbitrios de excepcionalidad, desde los que prolongan el género de la mentira, como el encubrimiento protector de un prestigio necesario para no demostrar debilidad ante el delincuente, hasta los de la violencia física secreta. Tan evidente es la heteronomía entre Estado de Derecho y Policía que sólo la ignorancia más supina puede aceptar la aberración de haber fundido en uno los ministerios de Justicia y de Interior.