Después de Filesa

LA VUELTA a primer plano del asunto Filesa recuerda que sigue pendiente la reforma de la ley de financiación de los partidos, y que existe una comisión parlamentaria encargada de estudiar propuestas al respecto. En España, la financiación pública de los partidos, que supone en torno al 90% de sus ingresos totales, se realiza por tres vías: subvención de sus gastos electorales, de los grupos parlamentarios y de su funcionamiento regular. Tan sólo por esta última, los partidos recibirán en 1995 unos 12.000 millones de pesetas. Ello no ha impedido fuertes endeudamientos de todas las fuerzas políticas -más de 20.000 millones, según los bancos- y tampoco la existencia de vías irregulares de financiación de las que dan cuenta los escándalos Filesa, Naseiro.La constatación de esa realidad es el principal argumento de quienes proponen suprimir las actuales limitaciones a la donación privada. Aunque a veces se rodea de consideraciones filosóficas -excesiva dependencia del Estado-, se trata de un argumento pragmático: puesto que de todas formas hay financiación privada, más vale que esté regulada y sea transparente. Los principales partidos están de acuerdo en esto, pero un último escrúpulo moral lleva a los socialistas a establecer una distinción entre las donaciones de particulares y las de empresas mercantiles.

La distinción es teóricamente sostenible porque, ciertamente, el importe que una empresa destine a tal o cual partido (o a tal y cual partido, curándose en salud) tendrá probablemente repercusión en precios, con lo que se obligará al ciudadano a, pagar en tanto que consumidor lo que supuestamente ahorre como contribuyente. Sin embargo, es improbable que en España haya particulares dispuestos a contribuir con fuertes cantidades si no lo hacen como dirigentes o propietarios de empresas y con cargo a las cuentas de resultados de las mismas. Y si se trata de cantidades más modestas -inferiores a 10 millones al año-, ya lo permite la -ley actual.

Los socialistas también alegan que los ciudadanos considerarían no altruistas, sino concedidas a cambio de favores del poder, unas donaciones que vinieran de compañías mercantiles. Pero lo mismo ocurriría si el donante fuera un particular con negocios. Porque ¿quién que no los tenga estará dispuesto a donar más de 10 millones al año? La discusión está abierta. De lo que no hay Indicios serios es de que nadie se esfuerce por reducir gastos. El cuadro de subvenciones públicas que cada comunidad autónoma concede para esta campaña es bastante elocuente: sólo Castilla-La Mancha las ha reducido, frente a otras que han aprobado aumentos superiores al 50%. Y a la hora de votar esas partidas presupuestarias no suele haber sensibles diferencias entre unos partidos y, otros. ¿Quién recuerda ya que se decidió acortar las campañas de tres, a dos semanas para abaratarlas? El truco de la precampaña las hace durar ahora un mes.