Vera seguirá en la cárcel hasta que la Audiencia Nacional vea el recurso contra su procesamiento

La Audiencia Nacional decidió ayer aplazar sine die la vista del recurso contra la prisión del ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, que examinará conjuntamente con otro recurso interpuesto posteriomente contra el auto de procesamiento. El aplazamiento, un tanto insólito al tratarse del examen de una petición de libertad, que siempre tiene carácter prioritario, implica que Rafael Vera deberá seguir en prisión al menos otros dos o tres meses, según indicó su defensor, el catedrático Manuel Cobo del Rosal, que impugnará la decisión ante el Constitucional.

El tribunal, presidido por el magistrado Siro Francisco García Pérez, adoptó el acuerdo tras dos horas de deliberaciones y pese a la oposición no sólo del defensor de Vera, sino incluso de la de la acusación popular del caso GAL.

El ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, que ayer cumplió 80 días de reclusión, seguirá en Alcalá-Meco hasta que la Sección Primera Penal examine conjuntamente los dos recursos que tiene interpuestos, contra su prisión y contra su procesamiento. La fecha para la nueva vista queda en parte condicionada a que el juez que le encarceló, Baltasar Garzón, resuelva con carácter previo los recursos de reforma interpuestos por 12 de los 14 procesados, es decir, todos a excepción de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez.

A partir del momento en que Garzón resuelva, y partiendo de una previsible desestimación, las apelaciones serán elevadas con carácter subsidiario a la Sección Tercera, que dará traslado de las mismas a la Primera, debido a las especiales prevenciones de los tribunales para no contaminarse en la resolución de incidentes. La Sección Primera, que preside Siro García, deberá tomar conocimiento de los autos y convocar la vista para las apelaciones, trámite que habitualmente lleva entre dos y tres meses.

La resolución conjunta de ambos recursos y la suspensión de la vista del recurso hasta entonces fue planteada por el tribunal al inicio del acto. El defensor de Vera, Cobo del Rosal, se opuso a la suspensión, actitud que fue secundada por el representante de la acusación popular del caso GAL, Teodoro Mota. La acusación se opuso al entender que la prisión y el procesamiento son actos distintos que no inciden entre sí y calificó de "anómala" la decisión del tribunal. El fiscal jefe, José Aranda, no se opuso a la propuesta del tribunal.

Cobo del Rosal adujo que el procesamiento, pese a que confirma la prisión acordada inicialmente por el instructor, no tiene por qué influir en un eventual acuerdo de libertad. Según explicó, el auto de prisión es anterior y atribuye a Vera más o menos los mismos supuestos delitos que el auto de procesamiento, por lo que éste último no altera sustancialmente la revisión de la prisión.

Tras dos horas de deliberaciones, el tribunal resolvió suspender la vista y acumular los recursos. Cobo del Rosal expresó su protesta a efectos de poder recurrir en amparo ante el Constitucional por vulneración del artículo 24 de la Constitución. Según Cobo del Rosal, la decisión "me coloca en una situación de absoluta indefensión y de falta de tutela judicial efectiva".

Recurso de De Justo

El mismo tribunal suspendió la vista del recurso del ex secretario personal de Vera, Juan de Justo, también contra su prisión preventiva acordada por Garzón en enero pasado. Su abogado, el catedrático Miguel Bajo, desistió de mantener la apelación después de que De Justo saliera en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas.

Garzón acordó la libertad provisional de De Justo en el auto de procesamiento dictado el pasado 18 de abril. Miguel Bajo explicó que había retirado el recurso "por razones técnicas, ya que el auto de prisión de Juan de Justo seguiría un curso distinto del nuevo auto de libertad bajo fianza de 25 millones, al cual también nos oponemos".

Garzón decretó el procesamiento de Rafael Vera por la supuesta financiación y el secuestro de Segundo Marey, y por presunta malversación de fondos reservados por los 300 millones de pesetas pagados en Suiza a las mujeres de Amedo y Domínguez. Además de Vera, Garzón mantiene en prisión a Julián Sancristóbal y al comisario Miguel Planchuelo, al que volvió a meter en prisión después de que el tribunal acordase su libertad.