Defensa recluta directamente a los mozos afectadois

La negativa de numerosos ayuntamientos vascos a reclutar a los jóvenes de su municipio para el servicio militar obligatorio no significa que los afectados dejen de incorporarse a filas, según fuentes del Ministerio de Defensa. Los centros provinciales de reclutamiento se encargan de suplir a los ayuntamientos en las misiones que la Ley del Servicio Militar les encomienda y alistan directamente a los mozos.Las fuentes consultadas sostienen que el problema es mas aparente que real, ya que los acuerdos municipales en los que los consistorios se niegan a colaborar con el Ejército tienen, muchas veces., un carácter "propagandístico" y, con frecuencia, los ayuntamientos no aplican su propia decisión y remiten al Ministerio de Defensa las listas de jóvenes en edad militar. En otras ocasiones, según las mismas fuentes, los ayuntamientos insumisos envían a los jóvenes al centro de recluta correspondiente para que ellos mismos se alisten.. Cuando Defensa tiene conocimiento de que algún municipio ha aprobado un acuerdo negándose a reclutar a los mozos, lo traslada al delegado del Gobierno y a la Audiencia Provincial correspondientes, quienes instan al gobierno municipal a revocar su decisión por ser contraria a la ley.Esta situación no ha supuesto, hasta ahora, problema alguno para el alistamiento de los contingentes del servicio, militar, aseguran las fuentes citadas, aunque si ha podido representar algún inconveniente para los jóvenes afectados, que han perdido la posibilidad de pedir alguna prórroga por haberse cumplido el plazo.

De esta forma, según Defensa, la actitud de los ayuntamientos ha perjudicado en primer lugar a los mozos que dependen de ellos.

La actitud tradicional de los responsables del ministerio ha sido la de minimizar la campaña antimilitarista de los ayuntamientos vascos, en el convencimiento de que el enfrentamiento directo sólo serviría para amplificar su efecto propagandístico y animar a otros a seguir su ejemplo; lo que no se compadece, sin embargo, con la decisión de la fiscalía de San Sebastián de actuar simultáneamente contra 30 ayuntamientos guipuzcoanos.